Así lo dispuso el juez Roberto Gallardo "establezca expresamente que el sistema de apoyos es un derecho de la mujer, que debe respetar su voluntad y no puede –bajo ningún supuesto- forzarla o sustituirla".
El gobierno porteño deberá adecuar una resolución sobre abortos no punibles de modo tal que "establezca expresamente que el sistema de apoyos es un derecho de la mujer, que debe respetar su voluntad y no puede –bajo ningún supuesto- forzarla o sustituirla".
Así lo dispuso el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Roberto Gallardo, al intimar a la administración local a modificar una resolución del Ministerio de Salud que dispuso la creación de un
"Equipo Interdisciplinario de Apoyo para pacientes con discapacidad intelectual y/o psico-social que soliciten prácticas de aborto no punible".
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Gallardo replicó que "la función de apoyo tiene por finalidad asistir a la mujer con discapacidad en la toma de sus propias decisiones, respetando de modo irrestricto su voluntad y preferencias", y aclaró que para ello no necesariamente debe intervenir un equipo interdisciplinario, ya que "la función puede ser desempeñada por familiares, amigos, asistentes personales o cualquier otra persona de confianza de la mujer discapacitada".
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No obstante, el fallo establece que "para el caso de no existir personas de confianza, la autoridad administrativa deberá designar persona idónea para prestar el apoyo requerido, designación que deberá tener siempre en cuenta la opinión de la mujer con discapacidad".
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El juez subrayó la necesidad de "garantizar la igualdad de las personas con discapacidad en el ejercicio de sus capacidades jurídicas y de sus derechos".
La sentencia fue dictada en el marco de un amparo iniciado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).
El fallo complementa otra decisión del magistrado porteño, quien declaró inconstitucional el veto del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, contra la ley sancionada en septiembre del año pasado por la Legislatura que estableció los pasos a seguir ante casos de abortos no punibles.
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