Un taller clandestino del barrio porteño de Parque Patricios fue allanado anoche por orden judicial, tras recibirse una denuncia de que allí medio centenar de operarios de origen boliviano, incluido niños, eran sometidos a "trabajo esclavo" por un ciudadano coreano.
La orden de allanamiento fue librada por el juez federal Sergio Torres, después de considerar una denuncia por "graves" irregularidades a la ley laboral y violaciones a los derechos humanos elevada por la organización "La Alameda".
Mientras se realizaba el operativo, del que participó personal policial e inspectores de Subsecretaría de Trabajo porteño, integrantes de esa ONG liderados por Gustavo Vera realizaron una "escrache" frente al taller ubicado en Deán Funes al 1700. Durante la protesta, los manifestantes exigieron la liberación de unas 50 personas de origen boliviano, incluido una veintena de niños, que trabajaban allí en "condiciones de esclavitud".
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Vera precisó que el local era regenteado por un ciudadano coreano, a quien identificó como "Kim Paek Un H, conocido con el pseudónimo de Kim" y precisó que el personal estaba a cargo de otra persona de nombre Víctor.
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El "escrache" se decidió después de que la organización escuchó el testimonio de una mujer boliviana que logró escaparse del taller clandestino y denunció que allí otras dos mujeres dieron a luz a sendos bebés en cautiverio y sin asistencia médica.
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La mujer detalló que en el lugar trabajan "en negro" y en condiciones "infrahumanas" unas 50 personas, reclutados en la esquina de Cobo y Curapaligüe, en el Bajo Flores, preferentemente recién llegados de Bolivia y sin documentación. Todos vivían en la propiedad allanada en dos habitaciones con colchones dispuestos en el piso y tenían vedado salir de la vivienda, y cuando se enfermaban eran asistidos con apenas unas aspirinas.
Trabajaban 16 horas de lunes a viernes, 11 los sábados y a veces también los domingos, incluso enfermos y sin permitirles ir al baño en horario laboral, y cobraban sueldos mediante vales que oscilaban entre los 380 y los 700 pesos o 1,50 por prenda tejida.
La ropa confeccionada era vendida en un local, también propiedad del ciudadano coreano, sobre la avenida Avellaneda, en el barrio de Floresta.
La Alameda y la Unión de Trabajadores Costureros elevaron entonces la denuncia, a través del abogado Rodolfo Lanzón, ante el juez federal Norberto Oyarbide y advirtió de las irregularidades ante la Subsecretaría de Trabajo porteño.
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