Habrían revocado la conciliación obligatoria en el conflicto de Gestamp

Sociedad

Diputados del Partido de los Trabajadores Socialistas informaron que la medida fue tomada por el Gobierno bonaerense. Hoy habrá una audiencia entre las partes en Campana.

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires revocó este martes la conciliación obligatoria en la autopartista Gestamp de la localidad de Escobar tres días después de haberla dictado, por entender que el conflicto pasó a ser "pluripersonal" y no por Convenio Colectivo de Trabajo, informaron a DyN fuentes de la Gobernación.

La medida fue calificada de "insólita" por los diputados del PTS en el Frente de Izquierda Nicolás del Caño (nacional) y Christian Castillo (provincial) y la atribuyeron a "presiones de la patota de SMATA al servicio de la patronal extranjera".

"Es la primera vez que vemos que un Gobierno revoca una conciliación obligatoria a tres días de haberla dictado", señalaron los legisladores en un comunicado.

Fuentes de la Gobernación bonaerense informaron que este miércoles a las 15 habrá una audiencia entre las partes en la delegación de la cartera laboral en la ciudad de Campana.

La razón por la que se levantó la conciliación, explicaron las fuentes, radica en que "la mayoría de los trabajadores afectados no son sindicalizados" y que los problemas a considerar no son generales sino particulares.

El conflicto se había originado a mediados de mayo, luego de que la empresa de capitales españoles despidiera a 97 trabajadores. La planta de la autopartista fue tomada por los operarios, que contaron con el apoyo de dirigentes de partidos y agrupaciones de izquierda, pero el rechazo de la conducción de SMATA, cuyo secretario general, Ricardo Pignanelli, se trenzó en una polémica con el diputado del Partido Obrero, Néstor Pitrola.

Castillo y Del Caño acusaron al gobernador Daniel Scioli por haber tomado "la medida ilegal de revocar la conciliación obligatoria en Gestamp frente a la presión de la patota del SMATA al servicio de la patronal extranjera, con declaraciones fascistas de Pignanelli y luego de una campaña antiobrera lanzada por (la presidenta) Cristina Fernández y sus ministros".

"Es ilegal porque así el Ministerio va en contra del sentido de la medida, que obliga a las partes a negociar con los despedidos adentro, dándole la razón de esta manera a la parte más fuerte, la empresa, que encima venía incumpliendo la conciliación en forma unilateral, haciendo lock out y no presentándose a la audiencia el lunes, y hoy no dejando entrar a los trabajadores injustamente despedidos", denunciaron.

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