La Cámara Civil no hizo lugar a una demanda contra el Gobierno porteño por los daños provocados durante las inundaciones de 1998, presentada por el propietario de un vehículo que fue arrastrado por el agua.
Según el fallo, “ninguna norma impone específicamente al Estado la obligación de construir efectivamente las defensas necesarias para asegurar los bienes de los habitantes”.
Si bien la Sala I del Tribunal de Apelaciones admitió que el Estado “debe considerar y valorar la existencia de una red de infraestructura suficiente”, estimó que el ejecutivo porteño “realizó actividades con miras a mejorar la situación”.
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“El estado de las instalaciones de desagüe en el sitio en que ocurrieron los hechos es bueno pero insuficiente para brindar una respuesta satisfactoria a los registros de lluvias más intensos que se registran en los últimos años”.
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Asimiso, el fallo indicó que “la prioridad en materia de obra pública es un aspecto que conduce a analizar la figura del Estado responsable, obligando a considerar y valorar cuestiones tales como existencia de una red de infraestructura insuficiente en condiciones habituales, posibilidades presupuestarias para proveer un mayor y mejor servicio, evaluación de costos, políticas de inversión”.
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En ese sentido, los camaristas Patricia Castro, Julio Ojea Quintana y Carmen Ubiedo entendieron que se está ante “cuestiones complejas”, por lo que se preguntaron “si corresponde imputar al Estado local responsabilidad por la omisión en la realización de las obras públicas que, en su caso, podrían haber evitado” lo acontecido.
Consideraron que el gobierno de la Ciudad realizó “una serie de actividades con miras a realizar los estudios para encargar las obras de infraestructuras necesarias y desarrolló la complejidad de sus obras, su costo financiero y las diversas circunstancias que darán cuenta de la conducta desplegada por la autoridad encarando la problemática con miras a una solución”.
El hecho ocurrió el 5 de febrero de 1998, cuando el dueño de un Fiat Spazio TR dejó su vehículo estacionado sobre la calle Blanco Encalada al 2200, a metros de su vivienda, y el rodado fue arrastrado por las aguas sufriendo daños de consideración por los que reclamó indemnización al gobierno porteño.
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