Allanan e impiden la difusión de imágenes íntimas no consentidas en un caso de violencia de género
Se trata de una medida inédita. Luego de que la víctima realizara la denuncia, la justicia porteña ordenó un allanamiento para impedir la difusión de imágenes íntimas no consentidas.
Una mujer que era víctima de extorsiones por parte de su ex pareja se acercó a realizar la denuncia a la sede del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. El caso fue informado a la Fiscalía Especializada en Violencia de Género N° 10, a cargo de Genoveva Cardinalli, y a la Oficina de Asistencia a la Víctima y el Testigo, en donde se elaboró un informe de la situación de la víctima, que estaba altamente vulnerada.
En la denuncia la mujer sostenía que su ex pareja la extorsionaba con la posibilidad de difundir imágenes íntimas sin su consentimiento. A raíz de esto, se elaboró un informe acerca del posible riesgo que corría la víctima, lo que llevó a la fiscal Cardinalli a solicitar un pedido de allanamiento urgente al domicilio del agresor, que fue autorizado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 9.
Durante la tarde del martes el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) llevó adelante el procedimiento en una vivienda del barrio de Belgrano, y se secuestró la totalidad de los dispositivos informáticos que el hombre tenía en su poder.
Por su parte, la fiscal Cardinalli ordenó peritar a la computadora, cámara fotográfica y celular, con el fin de encontrar las imágenes y borrarlas.
Asimismo, el juzgado dispuso una prohibición de acercamiento a menos de 300 metros de la víctima, que se encuentra momentáneamente viviendo en un domicilio desconocido por el agresor.
La Fiscalía también ordenó la entrega de un botón antipánico, y el seguimiento de diversas medidas de protección; y citó al agresor a una audiencia remota para el día miércoles en los términos de la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Ley N° 26485), y le designó un defensor oficial.
“Es de destacar la velocidad con que actuó la justicia en este caso, ordenando y realizando el allanamiento y el peritaje, convocando al agresor a la audiencia correspondiente y brindando las medidas de protección a la víctima, todo en menos de 24 horas”, resaltó la fiscal del caso.
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