Biocombustibles: las razones que frenan la ley

Sociedad

Desde el oficialismo buscan consensos, mientras analizan el marco y el impacto fiscal del proyecto para prorrogar el actual esquema de los biocombustibles.

Mientras un grupo de diputados de la oposición pretende que se trate un proyecto de ley que busca prorrogar por cuatro años más el actual esquema de los biocombustibles, que ya tiene 15 años de vida, el Gobierno se encuentra analizando el marco y el impacto fiscal de un programa que no cuenta con el consenso necesario para extenderse.

En este marco, Nicolás Arceo, ex vicepresidente de Administración y Finanzas de YPF y actual director de la consultora Economía & Energía, explicó que el mayor costo de los biocombustibles fue parcialmente compensado a través de la exención del impuesto a los combustibles líquidos. “Eso generó una merma en los ingresos fiscales tanto de la Nación como de las provincias, porque se trata de un impuesto coparticipable”, advirtió.

“El costo de los biocombustibles ha resultado sistemáticamente más elevado que el de los combustibles fósiles, lo que ha derivado en un mayor costo de los combustibles en el surtidor”, afirmó Arceo.

Al destinarse aceite de soja y de maíz a la elaboración de biocombustibles, dejaron de exportarse productos por los cuales el Estado hubiera cobrado impuestos y retenciones a las exportaciones durante los últimos 15 años.

En tanto, la Argentina no exporta azúcar, dado que se registra sobreoferta de ese producto a nivel mundial y su consumo es cada vez más combatido en todo el planeta por su impacto en la salud. En cambio, los otros biocombustibles tienen opciones de exportación que generan divisas muy valiosas para el país, además de trabajo y valor agregado local. El maíz se exporta como grano, como aceite o como harina (Argentina es el tercer exportador mundial), y la soja se exporta como poroto, como harina o como aceite (nuestro país es el primer exportador mundial de aceite de soja, y también de biodiesel).

LAS EMPRESAS PYMES PRODUCTORAS DE BIODIESEL RECLAMAN UN URGENTE TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DE LA LEY 26.093 EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Ante la demora en el tratamiento de la prórroga de la ley 26.093 por parte de la Honorable cámara de Diputados de la Nación, y ante las múltiples versiones de proyectos diferentes o modificaciones que circulan en los medios de comunicación, las empresas pymes nucleadas en CEPREB manifestaron que la Ley 26.093, establecida por el Estado Argentino en 2006 y aprobada por unanimidad en la Cámara de Senadores el pasado 30 de octubre de 2020, "tiene todos los elementos virtuosos de una política pública establecida con visión de futuro cuya continuidad peligra por la incertidumbre del lobby petrolero y su influencia en la gestión parlamentaria".

Al respecto, CEPREB sostiene que la Ley "ha demostrado en todos estos años, con creces, una influencia positiva en aspectos socio-económicos como el empleo, la promoción de combustibles amigables con el medioambiente, el fomento de las industrias pymes nacionales, la federalización y el desarrollo económico de pequeñas comunidades vinculadas con la instalación de plantas productivas".

"Más de 30 mil trabajadores y familias del interior del país dependen actualmente de unas 30 plantas productivas que se construyeron al abrigo de este régimen, generando un fenomenal impacto en el desarrollo de las comunidades vecinas a dichos centros productivos. Cualquier modificación o cambio que atienda los intereses de este sector, claramente irán contra el espíritu original de la ley y atentarán contra las posibilidades de supervivencia de las pymes y contra la continuidad de todos los beneficios que la ley ha promovido desde su implementación", concluyen.