¿Cómo evolucionaron las políticas sociales en la Argentina desde 2001?

Sociedad

Un informe realizado entre CIAS y Fundar analiza cómo está compuesta la inversión del Estado en políticas sociales, desde el estallido de la crisis de 2001 hasta la actualidad. 

“Desde el 2002 hubo un proceso de gran expansión de derechos sociales, en 2001 no había ninguna red de contención social y se ve que el Estado de bienestar se amplía para aquellos que estaban fuera del universo de la relación en dependencia”, afirmó Andrés Schipani, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de California y profesor de la Universidad de San Andrés, en diálogo con Radio 10.

El investigador del CIAS es uno de los autores del informe que este Instituto Universitario publicó en conjunto con el think tank Fundar, sobre las políticas sociales que se llevaron a cabo en el país durante las últimas dos décadas. Schipani señaló que el trabajo muestra la existencia de tres grandes tendencias: “Por un lado, un gran vector que son las pensiones no contributivas, que representan una cobertura muy alta, después las asignaciones familiares para niños y niñas y, en tercer lugar, la expansión de los planes de cooperativas. Para el sector informal de la economía fueron muy importantes y no quedaron a la vera del camino”. Más allá del aumento sostenido de la inversión en políticas sociales, a través de distintas planes y programas, no se ha verificado una reducción de la pobreza en la Argentina desde 2013. Esto va a contramano de lo que sucede en buena parte de la región.

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En el documento se identifican una serie de patrones reconocibles en la evolución del gasto social, que explican este diagnóstico. Uno es la desproporción entre el gasto del Estado en niños y adultos mayores. Más de la mitad de los niños en Argentina son pobres (54,3%), en contraste con la baja tasa de pobreza entre adultos mayores (13,8%). “Por cada peso que se gasta en niños pobres, se gastan cinco en adultos mayores. Si bien todos los sistemas gastan mas en las jubilaciones, un Estado que gasta cuatro veces más en un sector que tiene 20% de pobreza respecto al otro es una mala asignación de recursos”, indicó Schipani.

Y aclaró que el sistema jubilatorio “es muy bueno y tiene que quedar tal como está”, pero “hay que empezar a pensar cómo metemos más plata en la niñez”.

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El segundo problema reconocible es el crecimiento de los programas para cooperativas de trabajadores informales, que se ha vuelto un elemento central de la política argentina. “En 2016, cuando Cristina Fernández de Kirchner deja el gobierno, eran unos 250 mil planes de cooperativas y hoy tenemos 1.200.000. La expansión empieza con Macri y eso ha reestructurado el Estado de Bienestar histórico de la Argentina”, remarcó el investigador del CIAS. Esta expansión desproporcionada habla, entre otras cosas, de la falta de oportunidades dentro del mercado laboral formal.

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El tercer problema está muy ligado con el segundo: la escasa inversión estatal para incentivar la formalización de la economía. “Hay una caída muy fuerte en lo que el Estado gasta en políticas para fomentar el tránsito de la informalidad a la formalidad. Entre 2011 y 2019 esa inversión cayó un 80% en términos reales, por cada peso que se gastan en mover una persona de la informalidad a la formalidad, se gastan 11 pesos en políticas para la economía popular e informal”, destacó Schipani. Esto representa un riesgo para la sustentabilidad del sistema previsional: un 50% de informalidad significa que, de cada dos personas que trabajan, una no contribuye. “La base de los que pagan las jubilaciones es cada vez más chica y eso implica que un día no vas a tener plata para pagar una moratoria provisional”, cerró.

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