De los 1.231 condenados por delitos de lesa humanidad, la mayoría cumple su pena en prisión domiciliaria
A 50 años del Golpe cívico-militar más oscuro de nuestro país, un informe reveló una situación judicial que sigue generando profunda indignación.
Sin lugar a dudas, el Golpe cívico-militar que tuvo su inicio el 24 de marzo de 1976 y vio su final hacia 1983 es una de las heridas más profundas en la historia de la Argentina. Con desaparecidos de los cuales sigue sin saberse nada y la palabra "impunidad" merodeando en las calles del país, cada aniversario es una buena oportunidad para recordar que aún queda mucho por hacer en pos de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
De acuerdo un reciente informe al respecto, tribunales de todo el país dictaron 361 sentencias desde la reapertura de los juicios en 2006, en las que condenaron a 1.231 personas y absolvieron a 250. Actualmente, hay 12 juicios en trámite en diferentes jurisdicciones y 282 causas en etapa de investigación preliminar, con casi 300 procesados.
El relevamiento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad señala que actualmente hay 504 personas detenidas por estos crímenes, de las cuales 425 se encuentran en prisión domiciliaria. Es decir que más del 80% cuenta con este beneficio.
De las restantes, 61 están alojadas en la Unidad Penitenciaria N°34, que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo, y 18 en diferentes establecimientos carcelarios.
Los que están libres
En este contexto, 1.582 personas investigadas permanecen en libertad.
La representación gráfica de privados/as de la libertad y libres muestra que en 2026 la brecha entre ambas cifras es la mayor del registro histórico que lleva la procuraduría desde 2015, provocada por la sostenida reducción de la cantidad de personas detenidas, informó el sitio Fiscales.
Mientras tanto, en la etapa de investigación preliminar se encuentran en trámite 282 causas. Tanto en estas causas como las que están en debate, la cantidad de personas procesadas es de 292.
En los expedientes en investigación hay 517 personas imputadas por fiscales, que aún no han sido intimadas, y otras 76 que fueron indagadas y aguardan la resolución de su situación procesal. La cantidad de prófugos se mantiene estable respecto de registros anteriores, con 33.
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