A 30 años del crimen, todavía hay muchos Walter Bulacio

Sociedad

Walter tenía 17 años cuando intentó entrar al recital de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota a Obras Sanitarias, lo detuvieron y lo alojaron en la Comisaría 35 donde lo torturaron y a los días murió. A pesar de una falló histórico de la CIDH, en la Argentina sigue habiendo víctimas por detenciones arbitrarias.  

A 30 años de la detención, tortura y muerte de Walter David Bulacio a manos de la Policía Federal, que dio lugar a un fallo ejemplar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que insta al Estado argentino a terminar con las razzias y las detenciones arbitrarias, todos los días hay otros "Walter" que son víctimas de la violencia institucional.

El 19 de abril de 1991, en medio de una Argentina caótica (¿cuándo no lo es?, sería la pregunta) marcada por la salida de la hiperinflación con la nueva la ley de convertibilidad, las ruinas de la industria nacional, privatización de todo lo que pertenecía al Estado, una cultura floreciente que salía lentamente de la censura, y el indulto a los represores de la última y sanguinaria dictadura cívico-militar. Siempre vale la pena recordar que en la última semana de 1990, el por entonces presidente Carlos Menem firmó los indultos de: Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Ramón Camps, José Alfredo Martínez de Hoz, entre otros nombres de terror de nuestra historia.

En esta red de cáos, desde La Plata una banda venía pisando fuerte los escenarios de la capital, Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, quienes además estaban dando sus propias batallas y una de ellas era la de organizar sus shows multitudinarios "sin que la cana reprimiera" y detuviera a sus seguidores.

Luego de varios incidentes habían logrado que la Policía no ingresara más a los establecimientos en donde se llevaban a cabo los recitales, pero en la calle "el cuento era otro". La gente ya sabía, que venía el patrullero con el colectivo atrás y las "razzias" se llevaban a todos los que encuadraban con su prejuicio.

Volviendo al tema, Los Redondos volvían a Obras Sanitarias y el problema que enfrentaban es que la política del lugar era que ahí “nadie se colaba”, y como reconoce el Indio Solari en su libro de memorias, su “público nunca entendió el concepto del soul out”, “¡Van igual! Y van con toda la intención de entrar”.

Es en este momento en que un pibe de la localidad matancera de Aldo Bonzi entra en escena, lamentablemente. Walter David Bulacio tenía 17 años, trabajaba de caddie en un campo de golf para poder pagarse el viaje de egresados, era fanático de los Redonditos de Ricota y decidió ir con sus hermanos y amigos al recital en Obras Sanitarias. Las entradas estaban agotadas, solo tenían una que era la de su hermana, y la comunicación no se viralizaba como ahora, por lo que emprendieron el viaje a capital.

Sobre la avenida del Libertador, la Policía Federal había desplegado un mega operativo, comandado por el comisario Miguel Ángel “El Aguilucho” Espósito. Cuando Walter y su hermano Jorge intentaron trepar un muro fueron detenidos bajo el eufemismo de “averiguación de antecedentes” y amparados por el secreto, y luego derogado, “Memorando 40” que iba en contra de lo que establecía la Ley de Patronato de Menores que prohibía la detención de menores sin la intervención de un juez. El show comenzó pero más de 70 personas eran llevados a la Comisaría 35 de Núñez.

Walter se descompuso la mañana del 20 abril en el calabozo donde estaba hospedado, ya llevaba demorado más tiempo de lo que permite la ley, y lo sacaron para trasladarlo al hospital Pirovano donde ingresó por un traumatismo de cráneo. Por su gravedad fue trasladado al Hospital Fernández, y luego al Sanatorio Mitre donde cinco días después, el 26 de abril de 1991, falleció.

La autopsia precisó que el cuerpo de Walter Bulacio tenía rastros de golpes con objetos contundentes en miembros, torso, cabeza y extremidades. Había sido torturado en la comisaría, es más, luego se supo que le había dicho al primer médico que lo atendió que había sido golpeado por la policía.

walter bulacio

A partir de ese momento, reinó la impunidad que despedazó de a poco a la familia de Walter. El derrotero judicial fue largo y tras años de recusaciones, presentaciones judiciales e idas y vueltas del expediente a la Corte Suprema, la defensa del ex comisario Espósito, único responsable del crimen, solicitó la extinción de la acción penal por prescripción, lo que fue aceptado por la Sala VI de la Cámara de Apelaciones el 21 de noviembre de 2002.

Pero el 18 de septiembre de 2003, CIDH falló en favor de la familia Bulacio y consideró responsable institucional del hecho al Estado argentino, y dictó: "La Corte considera probado que en la época de los hechos se llevaban a cabo en la Argentina prácticas policiales que incluían las denominadas razzias, detenciones por averiguaciones de identidad y detenciones por edictos contravencionales de policía. El Memorandum 40 facultaba a los policías para decidir si se notificaba o no al juez de menores respecto de los niños o adolescentes detenidos (supra 69.A.1). Las razzias son incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales, entre otros, de la presunción de inocencia, de la existencia de orden judicial para detener, salvo en hipótesis de flagrancia, y de la obligación de notificar a los encargados de los menores de edad".

Asimismo, ordenó a la Argentina que de "plena efectividad" al artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y estar "a tono" con el derecho internacional en materia de libertades individuales de las personas, es decir que se deroguen en las faltas y contravenciones, la averiguación de antecedentes, y toda otra facultad para detener personas por fuera de la flagrancia y la orden judicial.

María del Carmen Verdú

Lo último y también muy importante fue que se calificó el crimen policial como "crimen de estado", lo que dijo la Corte Interamericana de DDHH es que "la muerte de una persona no es un genocidio pero en sus efectos tienen que ser equiparado al crimen de Estado porque el que mato es un policía, por lo que todas las muertes por gatillo fácil tendrían que ser imprescriptibles", nos explica María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y representante de la familia Bulacio durante todo el proceso, en diálogo con Minutouno.com.

Con este impactante falló, la Corte Suprema dispone reabrir la causa por el crimen de Walter, se llevó a cabo el juicio que concluyó en el 2013 con una condena de 3 años en suspenso para Miguel Ángel Espósito, quien nunca volvió a prisión y tuvo por cumplida su pena en septiembre de 2017.

Al ser consultada sobre el caso, a 30 años, Verdú remarca la importancia del fallo pero señala que "este es el único caso en la historia en que después de 18 años, El Estado ignora esta condena y no hizo nada para cumplirla".

"La causa por la detención, tortura y muerte de Walter Bulacio tiene dos puntos fundamentales: el primero fue que puso sobre la mesa, gracias a la masiva movilización juvenil en la Ciudad de Buenos Aires, que se hablara a nivel nacional de la represión policial en una época de absoluta inmovilización, como eran los principio de los ’90, donde estábamos relegados a la micro militancias en las barriadas populares donde teníamos una repercusión muy limitada", especifica

"El segundo lugar fue el saldo organizativo. A mí lo que me impacta, 30 años después, es cuando en una cancha, recital o movilización pibes que no habían nacido en 1991 cantan: ‘Yo sabía que a Walter, o XX porque lamentablemente cambian los nombres, lo mató la policía’”, añade.

Pero a pesar de esto el saldo sigue siendo negativo ya que como indica la abogada y militante de CORREPI, "a pesar de la visibilización del tema y de la sentencia de la CIDH, lo cierto es que hoy estamos peor que en 1991 porque el sistema es más amplio".

"Hay fallos de la Corte Suprema que han legitimado el 'olfato' policial y la detención por 'portación de cara'. No es solamente un tema legislativo sino que tiene un aval judicial", continúa.

Verdú explica que el solo cumplimiento de la sentencia tendría un efecto inmediato de reducir a la mitad las muertes en las delegaciones policiales, porque este falló "no solo tiene que ver con la libertad individual, ya que más de la mitad de las muertes en las comisarías son de personas que están detenidas, no por haber cometido un delito, sino por alguna de estas facultades de detenciones arbitrarias".

La realidad es que desde la vuelta de la democracia CORREPI sigue más de 8 mil casos similares al de Walter Bulacio, o más graves en manos de un Estado que tendría que cuidarnos.

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