Los uniformados hicieron caso omiso de su condición de legislador y detuvieron a Juan Larrea, integrante del Frente Para la Victoria puntano, que mediaba entre vecinos.
La detención se produjo en la tarde del viernes 2 de enero y el legislador fue liberado un par de horas más tarde, cuando organismos de DDHH exigían la liberación en la Comisaría Primera. Larrea, que pertenece al Frente Para la Victoria -que comanda únicamente el municipio capital en la Provincia gobernada hace años por la familia Rodríguez Saa, denunció hostigamiento de las fuerzas de seguridad.
Además, la Directora Municipal de Derechos Humanos, Ana María Garraza Chediack, dialogó con minutouno.com y explicó la "grave" situación: "No es un caso aislado, es parte de una política represiva punitiva de la Provincia. Se da todos los días, al igual que el hostigamiento hacia el municipio por defender el proyecto nacional".
Según el relato, Larrea estaba en una protesta que un grupo de vecinos hacía frente a la casa de una mujer acusada de supuestas estafas. Se hacía pasar por gestora para créditos Pro Cre Ar que no requieren gestores. Allí, en un barrio humilde, mientras el diputado mediaba para solucionar le conflicto; la Policía puntana lo detuvo pese a que se identificó en reiteradas ocasiones.
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Según la funcionaria municipal, los hechos de represión y coerción son constantes en los barrios humildes. "La política represiva es contra barrios populares, humildes. Una vecina decía el otro día que su zona 'parece Irak' porque estamos ocupados", explicó Chediack, quien acusa a las fuerzas de recorrer "no para controlar y prevenir, sino para amedrentar a jóvenes.
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Además, acusó al COAR (Compañía de Operaciones de Alto Riesgo), fuerza especial de la Provincia, de realizar cotidianas requisas violentas en las que, sin identificación personal ni en sus vehículos, y encapuchados con pasamontañas, golpean y violentan a aquellos vecinos que se animan a protestar o reclamar por distintas situaciones.
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Así ocurrió hace poco unos días con 11 trabajadoras de un programa social que reclamaban por sus beneficios y los hombres, encapuchados y diciendo que eran del COAR, sin orden judicial, "las atacó violentamente", denunció la funcionaria de DDHH, que además culpó a falta de independencia de poderes locales por el nulo avance de las causas en la Justicia.
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