El Gobierno extendió el programa de bloqueo de celulares ahora también a las cárceles provinciales
El ministerio de Seguridad será al encargara de canalizar los pedidos de bloqueo de celulares hacia las empresas prestadoras del servicio.
El gobierno de Javier Milei extendió este martes el Programa para la Detección y Bloqueo de celulares en establecimientos penitenciarios provinciales. Este lanzamiento se suma así a la normativa dictada semanas atrás que apunta a reforzar el combate contra el uso ilegal de dispositivos móviles en cárceles federales y provinciales.
Así quedó plasmado en la Resolución 806/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva. Allí se convocó a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al sistema. De acuerdo con la normativa, el bloqueo alcanza al IMEI (identificador único del dispositivo), el IMSI (identificador asociado a la tarjeta SIM) y la línea telefónica vinculada, con el fin de dificultar que los internos coordinen maniobras ilícitas desde la cárcel, aún si logran cambiar la SIM del equipo intervenido.
La Subsecretaría de Articulación Federal será la encargada de llevar adelante el programa en las jurisdicciones que lo soliciten por lo que queda aprobado un modelo de convenio de adhesión para que cada provincia, si lo decide, acceda al sistema nacional de detección y bloqueo.
En tanto, la cartera de Seguridad Nacional actuará como ventanilla única para canalizar los pedidos hacia las empresas prestadoras del servicio de telefonía móvil. Esta decisión ya había quedado asentada en la resolución 734/2026 del 13 de agosto pasado donde explicaron que se trataría del punto de entrega de información de los dispositivos detectados en los establecimientos penitenciarios a las compañías prestadoras a fin de que procedan a su bloqueo de conformidad. Por lo tanto, las provincias por sí solas no podrán ordenar la inhabilitación ante las telefónicas.
El procedimiento se basa en antecedentes normativos como la Ley 24.660, que prohíbe el uso de teléfonos móviles en cárceles, y la resolución previa del Enacom que precisó las obligaciones de los prestadores. El programa nacional busca ampliar la estrategia que hasta ahora se limitaba al Servicio Penitenciario Federal.
El bloqueo funciona a través de la identificación de los códigos IMEI e IMSI de los equipos móviles que se activen dentro de las áreas de detención o de acceso restringido. Una vez detectados, esos identificadores se reportan a las compañías prestadoras del servicio de telefonía móvil, que tienen la obligación de bloquear tanto la línea como el equipo.
Resolución 806/2026:
Las Más Leídas
Dejá tu comentario