Indemnizan a familia de juez que murió de estrés

La resolución de primera instancia había sido dictada por la jueza de 36 Nominación Sylvia Lines, quien había admitido la demanda promovida por Beatriz Felisa Rubiolo, viuda del juez Enrique Martínez Núñez.

Al momento de la muerte de Núñez, ocurrida el 25 de octubre de 1997, se desempeñaba como juez de Instrucción de 3ra Nominación de la capital provincial.  La demanda contra la Provincia, de acuerdo con lo señalado en la edición de hoy del diario La Voz del Interior, se fundamentó en
los episodios ocurridos el 20 de octubre de 1997, cuando al mediodía se produjo un motín de internos de la vieja cárcel de Encausados, que funcionaba en el barrio Güemes.

En esos hechos, los amotinados tomaron de rehenes a dos guardiacárceles.  En la emergencia intervino Martínez Núñez, que estaba de turno y debió iniciar negociaciones con los rebeldes, que reclamaron su presencia con el argumento de que eran objeto de malos tratos por parte de personal del Servicio Penitenciario.

Luego de intensas gestiones del magistrado y sus funcionarios, las negociaciones concluyeron con un acuerdo, firmándose un acta que puso fin al motín.  Pero cuando Martínez Núñez se retiró de la cárcel, su vehículo fue atacado con piedras por familiares de los presos, que además lo insultaron.

Según lo indicado, los momentos de tensión extrema vividos por el juez en los sucesos de ese día determinaron que a poco de llegar a su despacho comenzara a sentirse mal, con un fuerte dolor
en el pecho, y que luego fuera atendido por un servicio médico de emergencia.

Después, el juez fue trasladado al Hospital Privado, donde murió cinco días más tarde, víctima de un infarto agudo de miocardio.  Tras el fallo que ordenó el pago de la indemnización, el procurador del Tesoro de la Provincia presentó un recurso de apelación que motivó la intervención de la Cámara 7ma en lo Civil y Comercial.

Pero ahora este Tribunal desestimó los argumentos de la parte demandada y confirmó la condena, con costas, por lo que la Provincia deberá hacerse cargo de los honorarios de los abogados.

Además de confirmar el pago de la indemnización a la familia del juez muerto, la Cámara también ratificó la declaración de inconstitucionalidad de las normas provinciales que declararon la emergencia y establecieron la consolidación de pasivos, lo que significa que el pago de la suma ordenada por la Justicia deberá efectuarse en efectivo, no en bonos provinciales.

Sin embargo, la Provincia podría interponer un recurso de casación, para que el caso pase a consideración del Tribunal Superior de Justicia.