*El represor perdió un juicio contra el periodista y escritor Tomás Eloy Martínez, quien lo había calificado como "tiranuelo". *Pero Bussi no cumplió la orden judicial de hacerse cargo de los gastos del juicio.
El represor Antonio Domingo Bussi no podrá disponer libremente de sus bienes porque la Justicia le decretó una "inhibición general" por no hacer frente a los gastos del juicio que perdió contra el periodista y escritor Tomás Eloy Martínez, quien lo había tildado de "tirano". Esa expresión llevó al ex gobernador de Tucumán a demandar a Martínez y reclamarle una indemnización de 100 mil pesos, obteniendo en primera instancia una sentencia desfavorable del juez Daniel Alioto, la que fue confirmada por la Cámara Civil que también rechazó la pretensión del ex represor.
Fue entonces que el magistrado sentenció que Bussi, al haber perdido, debía hacerse cargo de las "costas", es decir de los gastos del juicio y los honorarios de peritos y del abogado Ricardo Monner Sanz, quien asistió al escritor en la contestación de la acción judicial.
Eloy Martínez fue demandado por Bussi, quien se había sentido agraviado por una nota publicada, hace casi dos años, en el diario La Nación, donde lo tildó de "tiranuelo" por haber hecho expulsar a los mendigos de la provincia con motivo del campeonato mundial de fútbol de 1978.
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Tanto Alioto como los camaristas Beatriz Cortelezzi, Omar Díaz Solimine y Luis Alvarez Juliá, integrantes de la Sala "C" encargada de revisar la sentencia, coincidieron en el rechazo a la pretensión del represor y en cargarle a Bussi las "costas" de ambas instancias.
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Como hizo caso omiso a la orden judicial, Monner Sans le pidió la "inhibición general" en los registros de la propiedad inmueble de esta Capital y de la provincia de Tucumán, por lo que el ex jefe militar no podrá disponer de sus bienes hasta haber cancelado previamente los gastos del juicio.
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Bussi se encuentra detenido en los ex Arsenales Miguel de Azcuénaga, ubicados en las afueras de la capital tucumana, imputado y procesado, en algunos casos, en unas 500 causas, por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.
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