Reactivan una causa contra la Rural por un crédito fraudulento

Sociedad

Lo decidió la Cámara de Casación Penal por un préstamo de US$106 millones concedido a la Sociedad en 1999 para una obra que nunca se hizo.

Se trata de un crédito fraudulento de 106 millones de dólares que el Banco Provincia le dio a la Sociedad Rural Argentina en 1999 para construir un centro de exposiciones y entretenimiento en el predio de Palermo para extender una zona de ferias con veinte salas de cine,una 3D, pistas de bowling, locales comerciales y un parto de comidas.

Si bien el crédito se otorgó el 10 de septiembre de 1999, jamás se construyó nada y no sólo no se devolvió el dinero, si no que la obra ni siquiera tenía habilitación municipal.

Es por eso que la Cámara Federal de Casación Penal reactivó la investigación del caso, según informó Infojusnoticias. La Cámara del Crimen había convalidado el año pasado la "extinción de la causa por prescripción de la acción penal" y el sobreseimiento de 25 imputados. Sin embargo, con esta reactivación, los ex directivos de la Sociedad Rural podrían enfrentar penas de hasta 10 años de prisión.

La causa sobre el crédito fraudulento se inició a principios de 2004, cuando el juez de instrucción Ricardo Farías llamó a indagatoria a treinta personas. La defensa de los imputados complicó el proceso, y nacieron decenas de expedientes paralelos que se discutía la competencia del fuero penal federal y los plazos de prescripción.

Entre los acusados había integrantes de la SRA, ex directivos del BAPRO durante la gestión provincial de Eduardo Duhalde y hasta un ex funcionario porteño de la gestión de Fernando De la Rúa.

A principios de 2013, casi una década después de comenzar la investigación, Farías declaró extinguida la acción penal y sobreseyó a todos los imputados. El fiscal Sergio Abraldes apeló la resolución, y el caso llegó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Pero los jueces de la sala VII –integrada por Mauro Divito, Juan Cicciaro y Mariano Scotto– declararon "mal concedido el recurso de apelación" y ratificaron el sobreseimiento y el archivo de la causa.

El ex procurador de la ciudad durante la gestión De la Rúa, Ernesto Mercer, también está implicado en la causa. Los imputados vinculados con la UTE Ogden-Rural son Eduardo De Zavalía, Mario Eijo de Tezanos Pinto, Jaime Bernasconi, Juan Alberto Ravagnan, Carlos Sandri, José D'Andrea, Oscar Lozano, Raúl Etchebehere, Francisco Prati, Horacio Foster, Enrique Claudio Crotto, Miguel O'Farrell, Francisco Del Castillo, Carlos Lebrero, Jorge Iribarne, Carlos Mallmann y Juan Luis Gilli.

El delito que refiere la causa es el de "peculado", el cual refiere a la sustracción de fondos por parte de un funcionario público o la utilización en provecho propio o de un tercero los trabajos pagados por la administración pública. Este delito, prevé una pena de prisión de hasta 10 años más la inhabilitación absoluta.

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