La Justicia deja libres a doce procesados por la falsificación de decenas de pasaportes italianos

La Cámara, si bien concedió las excarcelaciones, mantuvo los procesamientos sobre los imputados como miembros de una asociación ilícita, entre ellos el de la gestora María Elena Tedaldi, quien fuera señalada como la principal sospechosa.

Para los camaristas (excepto Farah quien aportó otro fundamento en su voto), los roles que el juez Oyarbide otorgó a los imputados no se compadecen con la "estructura" que tendrían esas asociaciones ilícitas y que sería ilógico llegar a la conclusión que son los máximos responsables de los hechos que se les imputan.

La medida benefició a Tedaldi, Paula Tunesi, Valeria Moreyra, César Salgado, Viviana Farfán, Paola Rejala, José Rolón, Lorenzo Arcidiácono, Ramiro Quiróz Buschiazzo, Jéssica López, Wenceslao Rivarola y Margarita Sánchez.

"Es que en la hipótesis de un grupo con semejante extensión y vínculos, carece de logicidad concluir que la dueña de la gestoría Ciudadanía Express (Tedaldi) haya tenido la decisión última sobre la estructuración de la organización y los cursos de acción a seguir", señalaron Cattani e Irurzun.

De esta manera, revocaron la apreciación de Oyarbide, quien había considerado a Tedaldi y Arcidiácono como jefes de las asociaciones ilícitas; a Farfán, Relaja, Tunesi, Moreyra, López, Rivarola, Quiróz Buschiazzo y Sánchez como organizadores, y como miembros a Salgado y Rolón.

"Resulta requisito indispensable –según ambos camaristas- demostrar la existencia de un poder de mando real reconocido por el resto de sus miembros, capaz de generar obediencia en quienes se ubican dentro de la estructura de la organización integrándola", para sostener el grado de imputación otorgado por Oyarbide.

Por esa razón, consideraron que "no se han brindado argumentos que permitan sostener que los demás integrantes o conexiones del grupo que se desempeñarían en ámbitos oficiales nacionales y extranjeros (respecto de quienes debe encaminarse decididamente la pesquisa) obedecieran instrucciones" de Tedaldi.

En tanto, si bien el juez Farah adoptó la misma decisión que sus colegas, para ello recurrió a la presunción de inocencia y al carácter "excepcional" de la prisión preventiva.

La causa se inició tras una denuncia realizada por el consulado general de Italia de Buenos Aires, con el patrocinio del abogado Sergio Bárzola, al detectar irregularidades en la tramitación de pasaportes, muchos de los cuales fueron otorgados a futbolistas para poder ingresar al mercado europeo.

Como instructor de la causa, Oyarbide dispuso una gran cantidad de allanamientos en el Gran Buenos Aires, en Capital Federal y algunos en el interior, y en ellos se detuvo a una gran cantidad de personas, algunas de las cuales recién recuperarán la libertad tras el fallo de la Cámara.

Además, el juez Oyarbide realizó un viaje a Italia y mantuvo reuniones con autoridades de ese país.