Plan desarme: la polémica de tener o no un arma

Sociedad

En los primeros dos meses del Plan de Desarme Nacional impulsado por el Gobierno se entregaron 38.470 armas para su destrucción. Los organizadores del programa aseguran que la experiencia es un "éxito". No obstante, este plan está envuelto por una polémica que encierra, por un lado, a aquellos que están en favor de armarse argumentando que la gente tiene derecho a hacerlo si el Estado no les garantiza la seguridad; y por el otro, los que sostienen que de esa forma se fomenta la violencia y la justicia por mano propia.



“Al principio del plan aspirábamos a recolectar 50.000 armas como un número pretencioso. Al día de hoy se esperaban recepcionar cerca de 9.000 armas, pero superamos ampliamente esa cifra y todavía no terminó el plan. Además puede prorrogarse 180 días hábiles más”, expuso Andrés Matías Meiszner, titular del Registro Nacional de Armas (ReNAr).

El peligro de la presencia de armas de fuego en los hogares es uno de los principales argumentos sobre los cuales se asienta el plan de desarme voluntario que busca reducir el circulante de armas para prevenir y disminuir los riesgos de muertes y heridas evitables.



La modalidad es muy simple: aquellos que posean armas y ya no las quieran pueden acercarse voluntariamente a cualquiera de las bocas de entrega habilitadas del Renar e intercambiar su arma de modo anónimo por un monto de dinero que va desde los $100 hasta los $ 450.



De las armas que recluta el Renar, un 50% están legalmente registradas y otro 50% son ilegales. De aquí se desprende, según el organismo, que el programa además “ayuda a depurar el registro y sacar armas del mercado ilegal” previniendo el delito.



“Indirectamente estás 38.000 armas nunca más van a ingresar al circuito ilegal sea por robos en los hogares o por cualquier otro factor. O sea, que eliminamos un riesgo”, sostuvo Meiszner.



Pero no todos piensan de igual modo. “Los que entregaron armas son aquellos que la heredaron o legítimos usuarios que no quieren renovar su licencia. Eso denota que a través de este plan no se va a bajar el índice de delitos porque los ladrones no van a ir a entregarlas”, sostuvo Ricardo Ríos del Foro por una Argentina sin Armas Ilegales. Y agregó: “Le estamos quitando la oportunidad al legítimo usuario de tener armas en su casa porque un ladrón se las puede robar”.



Sin embargo,  reducir el delito no es el objetivo principal del plan. Por el contrario, el eje está puesto en “reducir la violencia y los accidentes por armas de fuego. Pero no en el ámbito delictivo sino en el social, en cómo resuelve y gestiona la sociedad problemas de índole de convivencia”, sostuvo Carola Cóncaro de la Red Argentina para el Desarme, entidad encargada junto con el Gobierno de la organización del plan.



“Hay un promedio de nueve muertes por día en los últimos 10 años en este marco de situación. Entonces, si se redujeran la cantidad de armas en las casas se achicarían las posibilidades de accidentes y habría más seguridad”, agregó Cóncaro. 



Pero para Ríos “la simple entrega de armas no soluciona los accidentes. Para eso debería existir una campaña de educación para la prevención de accidentes con armas de fuego que enseñe a manipular el arma”.



El también miembro de la Federación Argentina de Tiro sostuvo que un arma en casa no representa inseguridad ya que “un legítimo usuario conoce las normas de seguridad y sabe manipular el arma, por lo que no hay riesgos”. Pero no descartó que si las armas están en manos de personas que no saben usarlas sí significan una situación peligrosa.



La posición del Foro es muy clara: “Si bien no defendemos la compra de armas exclusivamente con fines de defensa entendemos que ante la ausencia del Estado en esa materia haya ciudadanos que vean en las armas la capacidad de defenderse".

Por su parte, Cóncaro coincidió con la idea de que “la gente compra armas pensando que le dará la seguridad que el Estado no le da”, pero remarcó que “esas personas se equivocan ya que tener un arma en la casa representa un riesgo”.



Pero para Ríos "el proyecto avanza sobre la tenencia legal, cuando debería hacerlo sobre la ilegal. Tiene puesto el foco en ciudadanos de bien  y acá el problema es el delincuente."

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