Por ser pobre, piden que no juzguen a una mujer que atacó a piedrazos la Casa de Gobierno

Sociedad

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Por NA

  • Un fiscal solicitó la absolución de una mujer que junto a su hijo de diez años arrogó piedras y escupitajos a la Casa Rosada y a los policías que la custodian en reclamo de ayuda económica y vivienda.
  • Es que la situación económica en la que se encuentra reviste tal emergencia que a la gente en esa condición se les hace difícil “ajustarse a derecho”.

La influencia que ejerció la situación económica y social en la que se encuentra la mujer que con su hijo solicitó ante la Casa de Gobierno una ayuda económica y una vivienda donde habitar y que la llevó a protagonizar incidentes con la policía fue el argumento principal del un fiscal para pedir su sobreseimiento.

El fiscal federal Federico Delgado argumentó ante el juez de la causa que determinadas situaciones particulares y desesperantes hacen que muchas personas no puedan “ajustarse a derecho” en sus acciones y deban por ende tenerse en cuenta a la hora de emitir un fallo.

Se refirió particularmente a la tuvo como protagonista a una mujer que el pasado 10 de octubre reclamó ante la Casa Rosada ayuda económica y que culminó con ella misma y su hijo arrojando piedras sobre la sede gubernamental, sobre la policía y escupiendo a estos últimos.

Influenciada por su “evidente desesperación”, la mujer no pudo siquiera controlar las amenazas de muerte que le profirió a los oficiales ni las pedradas y escupitajos que junto a su hijo de diez años le asestaban a la policía y a la Casa de Gobierno. 

En el dictamen que Delgado le presentó al juez federal Ariel Lijo subrayó que la imputada no tiene estudios, que estaba sin trabajo con dos hijos pequeños a cargo y que pretendía ser atendida para reclamar un subsidio económico y una vivienda.

Delgado evaluó en su dictamen que "hay sujetos a los que en una situación dada les es mucho más arduo que a otros ajustar su  conducta a derecho".

En este sentido, el fiscal analizó el grado de "vulnerabilidad" de la mujer y tuvo en cuenta su "evidente desesperación" por "alcanzar la satisfacción de las necesidades básicas de su núcleo familiar".

"El Estado democrático debe garantizar a ese sujeto que no ha  sido capaz de integrar socialmente por sus propias carencias y  contradicciones, que tampoco le va a exigir lo mismo cuando  cometa un hecho delictivo”, concluyó Delgado.

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