Un fiscal denunció a un consorcio por impedir el trabajo de médicos en un edificio
Unos 20 profesionales de la salud tienen consultorios en un edificio del barrio porteño de Caballito, y el consorcio les prohibió el ingreso.
Por Vanesa Petrillo
Un fiscal de la UFIPAMI, que investiga delitos que se cometen en el ámbito de actuación del organismo, pidió que se investigue a los responsables de la administración de un consorcio de propietarios de un edificio del barrio de Caballito que prohibió el acceso de médicos de la obra social de los jubilados que tienen consultorios en ese domicilio.
La denuncia la realizó el fiscal Javier Arzubi Calvo tras la publicación de una nota periodística que dio a conocer que los responsables de la administración del consorcio de copropietarios en la Avenida Rivadavia 4702 habrían instruido al personal de seguridad del edificio para que prohibiera el ingreso de los profesionales de la salud al inmueble. Unos veinte médicos tendrían consultorios en el lugar.
El mismo consorcio “resolvió permitir solamente que continúen entrando odontólogos y sus correspondientes ayudantes, y pacientes que deban hacer tratamientos de urgencia”. Citó además el testimonio del infectólogo Rubén Solari, jefe de sala del Hospital Muñiz que es médico de cabecera afiliados de PAMI, según publicó Página 12,
“No habían comunicado nada, nos enteramos por la seguridad del edifico que impedía la entrada. Le pasó a colegas que no pudieron pasar. Yo soy jefe de una sala de Covid-19 en el Hospital Muñiz, tengo todos los conocimientos de cómo se tiene que actuar en protección personal y al personal para esto”, señaló Solari según el artículo.
La denuncia fue presentada por el fiscal de la UFIPAMI ante el juzgado federal de turno a cargo de Sebastián Ramos, quien delegó la investigación en el fiscal federal Ramiro González.
Arzubi Calvo sostuvo que las conductas podrían encuadrar en el delito de amenazas coactivas del artículo 149 bis, que castiga a quien “hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”. La figura penal se agrava cuando “las amenazas tuvieren como propósito el de compeler a una persona a hacer abandono del país, de una provincia o de los lugares de su residencia habitual o de trabajo".
No es la primera vez que médicos y profesionales de la salud, que cada día son aplaudidos por la sociedad, son discriminados en edificios de la Ciudad de Buenos Aires.
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