¿Qué dice la ley?

La norma fue enviada a la Cámara de Diputados, donde la legisladora tucumana del Frente para la Victoria Stella Maris Córdoba propone la creación de una secretaría dependiente del Poder Ejecutivo.

La norma penaliza “la captación, el transporte o traslado, la acogida o la recepción, ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior, con fines de explotación, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando existiere consentimiento de ésta”.

Sara Torres, de la Red No a La Trata, se detuvo en la necesidad de que la ley abarque también a mayores de edad. “Está bien que se diferencie el delito infantil del delito contra personas mayores, pero no puede ser que cuando la víctima tiene más de 18 años sea excarcelable”. 

Torres cuestiona que las víctimas tengan que demostrar en el juicio que no consintieron su propia esclavitud. Critica que la investigación vuelva a detenerse en las personas secuestradas y no en los delincuentes.

La presidenta de la Red No a la Trata solía reunirse con el ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien en muchas oportunidades comprometió su apoyo, pero Torres asegura: “Cuando empecé a insistir con penalizar también cuando las víctimas son mayores, dejaron de llamarme”.

La Justicia, para juzgar delitos de trata de personas, se basó hasta ahora en el Protocolo de Palermo, complemento de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que fue hace unos años ratificado en la Argentina.

La Argentina es un país abolicionista, que no considera delito la prostitución ejercida de forma independiente, pero sí la explotación organizada. Pero en los hechos, existen más detenciones y condenas a mujeres que ejercen la prostitución en las calles que a los delincuentes que explotan personas.