La fiscal de la causa, Graciela Argüelles pidió hace algunos días atrás la elevación a juicio oral para el gasista y su ayudante que trabajaron en el edificio durante esa mañana.
22 personas murieron y otras 50 resultaron heridas. Otras tantas, sufrieron pérdidas importantes en los edificios aledaños. Se trató de una tragedia que conmocionó no sólo a la ciudad, sino al país entero.
La semana pasada, la fiscal de la causa Graciela Argüelles concluyó su trabajo en la instrucción y pidió la elevación al juicio contra once acusados por el delito de estrago doloso agravado.
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Se tratan de él gasista, Carlos García y su ayudante Pablo Miño , quienes trabajaron en el edificio esa mañana y lograron escapar instantes antes de la explosión. También están acusado José Ayala, otro gasista que había estado trabajando en el lugar tres semanas antes, la gerenta técnica de Litoral Gas, Viviana Leegstra, el jefe de inspectores Claudio Tonucci y tres inspectores: Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba. Se suman además la encargada del consorcio, Mariela Calvillo, su marido Carlos Repupilli y su mamá Norma Bauer de Calvillo.
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Según relató la fiscal para la elavación al juicio oral se trató de "una cadena de omisiones conductas imprudentes, negligentes, contrarias a la normativa vigente, violatorias de los deberes de cuidado exigibles, entrelazadas unas con otras". Además según la funcionaria, la "negligencia" e "impericia" del gasista provocó "una importante fuga de gas" que generó la explosión e implosión del edificio.
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Claudia Vaio mamá de Santiago Laguía, una de las víctimas, contó que"uno tiene más a flor de piel el recuerdo imborrable de ese día", y "la imagen de mi hijo yo la tengo todo el día en la memoria y la imagen de ese día, no me la voy a borrar mientras viva".
En cuanto a la elevación a juicio, Vaio aseguró que "no queremos venganza, queremos justicia. Que todos los responsables vayan presos".
A partir de las 9.38 de este jueves, sonarán nuevamente las sirenas de los bomberos y se iniciará el acto central. El pedido de justicia, la prisión para los responsables y la expropiación del terreno donde hasta el 6 de agosto de 2013 se levantaba el edificio, serán nuevamente las principales reivindicaciones de las familias de las víctimas.
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