Suspenden los abortos no punibles en Córdoba
Por un fallo de la Justicia no se aplicará el protocolo médico para la interrupción de embarazos provocados por violaciones.
El diario La Voz del Interior indicó que la medida judicial regiría sólo en los casos de embarazos causados por violaciones pero, sin embargo, no alcanzaría a los hospitales nacionales que dependen de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
El decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la casa de altos estudios cordobesa, Gustavo Irico, indicó que la institución educativa "es autónoma y autárquica", y que la rectoría del establecimiento responde al ministerio de Salud de la Nación.
Por este motivo, "las cuestiones judiciales se dirimen en la Justicia federal", señaló Irico.
Al respecto, el decano indicó que el protocolo para abortos no punibles seguirá aplicándose en el Hospital Nacional de Clínicas y en la Maternidad Nacional.
La medida judicial, en tanto, tiene un alcance genérico, no apunta a un caso concreto ni tampoco avanza sobre la cuestión de fondo, reportó el matutino cordobés.
Por su parte, la asociación civil Portal de Belén opinó que el Protocolo para abortos no punibles era "un verdadero desatino que permite terminar con la vida de un niño con sólo una declaración jurada que diga que la madre ha sido violada, y sin mediar denuncia al supuesto violador".
El 20 de marzo pasado, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentó ante la Cámara de Diputados, por cuarta vez en cinco años, el proyecto de ley para despenalizar esa práctica.
La iniciativa fue avalada por 47 legisladores del oficialismo y opositores.
La presentación fue formalizada una semana después del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ratificó que el aborto no es punible cuando el embarazo es producto de una violación.
El máximo tribunal interpretó en su fallo los alcances del artículo 86, inciso 2 del Código Penal.
La iniciativa establece que "toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional" y puede acceder para ejecutarlo a los servicios del sistema de salud.
Para eso, la Corte Suprema exhortó a los gobiernos nacional, provinciales y porteño que implementen protocolos hospitalarios para la atención de abortos y campañas de información pública.
Tras el dictamen judicial, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, José María Arancedo, opinó que la decisión "debilita mucho la defensa de la vida".
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