Tensión en Congreso: detuvieron a un jubilado y reprimieron a otros 20 adultos mayores

"Vamos a sacar la gente, ¡avanzá!", señaló uno de los jefes de Gendarmería y Prefectura, pero luego procedieron a retirarse hacia el otro lado del vallado, en medio del escándalo generado por la cantidad de afectados gracias a los gases que los oficiales tiraron directo a los ojos de los jubilados.

El historial represivo de la Policía de Patricia Bullrich

Desde que Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023 y Patricia Bullrich regresó al cargo de ministra de Seguridad, se han registrado y denunciado múltiples episodios de represión y uso de la fuerza policial en el contexto de protestas sociales, con críticas de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales.

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Los puntos más relevantes y documentados incluyen:

• Protocolo "Antipiquetes": A pocos días de asumir, el Ministerio de Seguridad (Resolución 943/23) implementó un protocolo de actuación que establece que cualquier manifestación que interrumpa la libre circulación constituye un delito y habilita la intervención de las fuerzas de seguridad sin necesidad de orden judicial. Organizaciones de derechos humanos, como el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), han señalado que este protocolo criminaliza la protesta y ha servido como justificación para la violencia policial.

• Represión en el Congreso (enero y febrero 2024): Durante las manifestaciones y el debate de la Ley Ómnibus en el Congreso de la Nación (principalmente a fines de enero y principios de febrero), se registraron operativos de seguridad con uso de gases, balas de goma y bastonazos contra manifestantes, periodistas y fotógrafos. Hubo detenciones y heridos, y se presentaron reclamos judiciales por la violencia desatada, incluso por parte de trabajadores de prensa.

• Movilizaciones de Jubilados (marzo 2024): Uno de los casos más resonantes fue la represión a una movilización de apoyo a los jubilados frente al Congreso en marzo de 2024.

  • Las fuerzas de seguridad (incluyendo Policía Federal y Gendarmería) cargaron contra manifestantes, utilizando gases y bastones.

  • Se reportaron más de cien detenidos y decenas de heridos, incluyendo personas mayores. El gobierno y la ministra Bullrich defendieron el accionar, culpando a los manifestantes por la violencia.

  • Un caso de gravedad fue la herida en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo por el impacto de una granada de gas lacrimógeno, disparada en línea recta y por fuera de los protocolos de uso, quedando internado en terapia intensiva.

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Patricia Bullrich / Pablo Grillo, tras ser herido por la Policía Federal.

• Criminalización y Detenciones Arbitrarias: Se ha denunciado un aumento en la criminalización de los manifestantes, con detenciones masivas y, en muchos casos, arbitrarias, donde personas que ni siquiera participaban activamente de la protesta fueron detenidas. El CELS reportó que en algunas represiones, como la del 12 de junio de 2024, hubo 33 personas detenidas, de las cuales la mayoría fueron liberadas por falta de pruebas, tardando la última persona en recuperar su libertad 85 días.

• Reclamos Internacionales: Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) fueron informados por organizaciones como el CELS y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) sobre la represión policial a las protestas en Argentina bajo la gestión de Bullrich.

En resumen, la gestión de Bullrich bajo el gobierno de Milei se ha caracterizado por la implementación del "Protocolo Antipiquetes", un aumento en el uso de la fuerza policial para desalojar protestas (especialmente en el Congreso y contra jubilados), y la criminalización de la protesta social, lo que ha generado un amplio historial de denuncias de represión por parte de organismos de derechos humanos y actores de la sociedad civil.

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