Un cirujano de un hospital público le exigió $250.000 a un paciente para operarlo
La fiscalía impugnó el fallo que absolvió a Leonardo Santiago Furlotti Barassi del delito de estafa y reclamó que sea condenado a tres años de prisión y seis de inhabilitación para ejercer en el Estado.
El Ministerio Público Fiscal de San Juan solicitó que se agrave la condena contra un cirujano que le cobró $250.000 a un paciente para realizar una cirugía en un hospital público.
La presentación fue realizada por el fiscal Nicolás Schiattino, quien calificó la resolución, que absolvió al cirujano Leonardo Santiago Furlotti Barassi, como "arbitraria e irrazonable".
Según sostuvo la fiscalía, durante el juicio quedó acreditado que el profesional exigió a un paciente una transferencia de $250.000 a su billetera virtual con el argumento de que debía comprar un implante y materiales de sutura para una intervención programada en el Hospital César Aguilar, de Caucete. Sin embargo, instrumentadoras quirúrgicas y autoridades del centro de salud declararon que esos insumos son provistos gratuitamente por el sistema público y que nunca registraron faltantes.
A esas declaraciones se sumaron chats de WhatsApp, audios y registros financieros que, de acuerdo con la acusación, demostraron que el dinero fue depositado en una cuenta personal del médico. Para el Ministerio Público Fiscal, el cirujano se aprovechó de la situación de vulnerabilidad del paciente para obtener un beneficio económico por una prestación que debía ser completamente gratuita.
Pese a esas pruebas, el juez consideró que no existió una estafa porque la operación fue exitosa y el paciente conocía el destino que tendría el dinero entregado, por lo que únicamente lo condenó por incumplimiento de los deberes de funcionario público, imponiéndole una pena de un mes de prisión en suspenso y dos meses de inhabilitación para desempeñarse en la administración pública.
Para el fiscal, esa interpretación desconoce el delito y envía un mensaje de impunidad frente a hechos que afectan la confianza en el sistema de salud pública. A ese planteo se sumó la abogada querellante, Josela Echegaray Moya, quien también solicitó al Tribunal de Impugnaciones que revise y revoque la sentencia. Hasta el momento, la Justicia no informó si la defensa del médico apeló el fallo.
El origen de la causa
La investigación comenzó a fines de octubre de 2024, cuando Axel Fabián Marinero sufrió la rotura del tendón de Aquiles mientras jugaba al fútbol. Tras atenderlo en una clínica privada, Furlotti programó la cirugía en el Hospital César Aguilar para el 5 de noviembre y, según la acusación, le exigió al paciente una transferencia de $250.000 a su cuenta de Mercado Pago para cubrir el supuesto costo del implante y los hilos de sutura.
El pago se realizó el 4 de noviembre y la operación finalmente se llevó a cabo dos días después. Durante el juicio, quedó acreditado que esos insumos eran provistos sin costo por el hospital, por lo que la fiscalía sostiene que el cobro constituyó una maniobra fraudulenta y que el médico se aprovechó de la necesidad del paciente para obtener un beneficio económico indebido.
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