En qué consiste el comercio agéntico: compras hechas por inteligencia artificial avanzan en la Argentina

Cifras y proyecciones de un mercado en expansión

Según un estudio global de la consultora Bain & Company, el comercio agéntico podría generar ingresos por entre 300.000 y 500.000 millones de dólares solo en Estados Unidos hacia el año 2030, lo que representaría hasta un 25% del e-commerce de ese país. En el ámbito corporativo (B2B), la consultora Gartner proyecta que para 2028 el 90% de las transacciones estará intermediado por agentes de IA, movilizando un volumen superior a los 15 billones de dólares.

En Argentina, la tendencia también registra avances significativos:

• Adopción de IA: El reporte de Bain & Company señala que el 72% de los usuarios locales integra herramientas de Inteligencia Artificial en su rutina diaria.

• Predisposición de compra: Un 30% de los consumidores argentinos manifiesta estar dispuesto a realizar sus compras cotidianas delegando la decisión exclusivamente en asistentes virtuales.

• Contexto del e-commerce: Datos de NielsenIQ indican que el comercio electrónico de productos de consumo masivo alcanzó una participación de mercado del 9,1% en 2025, con un crecimiento del 48% interanual.

Los cuatro puntos de quiebre de la normativa actual

A pesar de que la infraestructura técnica para procesar pagos e integrar agentes ya se encuentra operativa, el marco regulatorio vigente carece de estándares para respaldar contratos automatizados. Un informe titulado "Cómo alinear Midnight City con el Protocolo de Contexto Legal", elaborado por los investigadores argentinos Mauro Andreoli (IOG) y Luciano Oliva Bianco, detalla los principales vacíos legales del sistema:

• Consentimiento no reglamentado: La aceptación de "Términos y Condiciones" con un clic presupone la decisión de un individuo. Hasta el momento, no existe jurisprudencia que valide si la lectura de un contrato por parte de un bot equivale a un consentimiento legalmente vinculante.

• Irreversibilidad de los pagos: Las operaciones entre agentes tienden a liquidarse mediante criptomonedas y stablecoins (que en 2025 movilizaron US$ 33 billones a nivel global). Al no contar con mecanismos tradicionales de contracargo (chargebacks), cualquier disputa requiere derivar en una instancia judicial.

• Exigencias de Defensa del Consumidor: Las leyes actuales imponen informar las condiciones comerciales de manera "clara y visible", un requisito técnicamente inviable en acuerdos procesados entre sistemas informáticos en milisegundos.

• Falta de prueba estándar: No existe un protocolo unificado para registrar de forma auditable qué propuesta aceptó el agente y con qué nivel de autorización presupuestaria o legal actuaba.

Alerta por futuras demandas colectivas y cascadas de responsabilidad

El análisis privado advierte que la escalada de esta tecnología derivará en disputas judiciales bajo la figura de la ratificación: si una empresa o particular utiliza los productos o servicios adquiridos por su asistente virtual, la justicia podría interpretar que aceptó la totalidad de los términos contractuales, incluidas cláusulas no leídas o abusivas.

Se proyectan patrones de litigiosidad que incluyen demandas colectivas por condiciones aceptadas ante cientos de proveedores, sanciones por infracción a las leyes de consumo y cascadas de responsabilidad que salpicarán al comprador, al desarrollador del agente, a la plataforma y al procesador de pago.

Para intentar resolver la incertidumbre legal, organismos internacionales como la American Arbitration Association (AAA-ICDR) junto a empresas como Google, IBM, Circle y Cardano promueven el Legal Context Protocol (LCP), un estándar que busca generar una huella criptográfica inmutable vinculada al pago para verificar los términos a posteriori.

Paralelamente, proyectos dentro del ecosistema cripto como GenLayer exploran sistemas de arbitraje automatizado ("Internet Court"), mientras que la red de privacidad Midnight utiliza modelos de divulgación selectiva en su entorno experimental Midnight City.

Pese a estos desarrollos, los propios autores del informe remarcan sus limitaciones: un registro criptográfico comprueba la ocurrencia de la transacción, pero no resuelve si la cláusula fue abusiva o si el agente excedió sus atribuciones. Frente a este panorama, recomiendan realizar simulaciones de litigios con auditores jurídicos externos antes de lanzar sistemas de compras automatizadas al mercado abierto.