El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva asumió como jefe de la Casa Civil del Gobierno de Dilma Rousseff en medio de concentraciones de cientos de personas que apoyan o se oponen a esa gestión, en los alrededores del Palacio presidencial de Planalto.
El nombramiento de Lula como ministro de la Presidencia, el cargo más influyente del Gobierno, generó un terremoto político por los problemas judiciales que el exmandatario afronta, agravados por la difusión de unas polémicas grabaciones que sugieren que Rousseff intentó influir a su favor.

La seguridad en el Palacio de Planalto fue reforzada con decenas de policías y el tránsito de vehículos fue restringido en torno a la Plaza de los Tres Poderes, donde también se sitúan las sedes del Congreso y de la Corte Suprema.

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Los grupos favorables al Gobierno eran más numerosos y, según cálculos de la Policía Militar, sumaban unas 300 personas, en tanto que los opositores no llegaban al centenar, al menos al inicio de las concentraciones.

Las grabaciones que agravaron la crisis fueron divulgadas este miércoles por el juez Sergio Moro, del sureño estado de Curitiba y responsable de la investigación en la estatal Petrobras, que afecta a decenas de políticos, entre los que está el propio Lula.

La condición de ministro que tendrá a partir de este jueves Lula le garantizará un fuero privilegiado y supondrá que las causas en su contra salgan de la órbita de Moro y pasarán a la Corte Suprema.

La difusión de las grabaciones y la sospecha de que Rousseff designó a Lula ministro para demorar el proceso llevó a miles de personas a protestar en todo el país y exigir la destitución de la mandataria, como el pasado domingo ya lo habían hecho 3,5 millones de personas en la mayor manifestación política de la historia brasileña.

También tras conocerse esas grabaciones, la Cámara de Diputados decidió retomar hoy mismo el trámite para un posible juicio político contra Rousseff, cuyo apoyo en el Congreso ha ido menguando al calor de la severa crisis política en la que se ha sumergido el país.

De hecho, una vez que fueron difundidas las grabaciones, el Partido Republicano decidió abandonar la coalición de Gobierno y se posicionó en favor de la destitución de Rousseff.

Esa formación cuenta con 21 de los 513 diputados y sólo uno de los 81 senadores, números no muy significativos pero que son cruciales para el Gobierno afronte un posible juicio político contra la mandataria.