Procesaron a Jaime Durán Barba por campaña sucia contra Filmus

Durán Barba se había hecho presente en el Palacio de Tribunales ante la jueza federal María Servini de Cubría acompañado de sus abogados y tras entregar el escrito se negó a contestar preguntas, informaron fuentes judiciales.

Ya habían hecho una presentación similar en la causa José Garat y Rodrigo Lugones, también acusados por la campaña y socios de Durán Barba en distintas consultoras.

Los imputados están acusados de violar el artículo 140 del Código Electoral que pena con dos meses a dos años de prisión a quien "con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo".

En diálogo con C5N, Filmus subrayó que "es la primera vez que se procesa por este tema", y destacó la labor de la jueza Servini de Cubría.

Además, recordó que en su momento hizo la denuncia y "a los pocos días en un allanamiento se encontraron las computadoras de donde se hicieron las llamadas".

"No tenemos forma de saber si esto impactó o no en mi campaña electoral", resaltó el perjudicado por la campaña sucia.

Luego afirmó: "Hay que ser honestos, la diferencia electoral fue muy importante, es difícil que haya sido exclusivamente por este tema". Sin embargo, recordó que lo ocurrido fue un delito que debe ser "procesado y condenado".

Durante la campaña electoral, algunos ciudadanos porteños recibieron un llamado que fingía ser una encuesta, pero en realidad pretendía instalar la idea de que el padre de Daniel Filmus, candidato del Frente para la Victoria, era un arquitecto que estaba relacionado con Sergio Schoklender, ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo, en la construcción de viviendas.

Después de dar esa información falsa, la grabación decía "Ahora que usted sabe esto ¿lo votaría?". En relación a eso, Filmus afirmó que su padre, un hombre de 88 años, no es arquitecto sino un comerciante y nada tenía que ver con Schoklender, por lo que hizo una denuncia penal.

La Justicia realizó entonces allanamientos en las oficinas de empresas desde donde se realizaban las llamadas (aunque se hacían a través de un servidor de Estados Unidos). Eran oficinas vinculadas a su vez a la consultora de Duran Barba, contratada por el Gobierno macrista.

La causa se originó por una denuncia del entonces titular del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Manuel Olmos, en simultáneo en el juzgado de Servini de Cubría y en el contravencional porteño de Carlos Bentolila. La investigación quedó trabada en una cuestión de competencia, pero ahora el Procurador le pide a la Corte que determine que quien siga al frente de la misma sea la jueza federal.