La toma en Lugano cumple una semana, a la espera de que la Justicia defina si se desaloja el predio
La Policía Metropolitana realizó un operativo por orden de la Justicia para identificar a los principales impulsores de la usurpación.
En tanto, las autoridades y los dirigentes barriales que acompañan la ocupación esperaban que en los próximos días la Justicia defina la situación dado que restaba resolver un amparo presentado en nombre de los ocupantes para que luego se decida si amerita un desalojo como el que ordenó el viernes el juez Gabriel Vega, quien finalmente lo suspendió.
El caso además escaló alto en la polémica relación entre el gobierno nacional y el de la Ciudad, luego de que la presidenta Cristina Kirchner mencionó la situación el sábado en su mensaje ante la asamblea legislativa y reclamó una "justicia ágil" para resolver el problema.
La jefa de estado reveló haber hablado con Mauricio Macri por el tema, ante los planteos de la ciudad por falta de colaboración de la Policía Federal, y señaló: "Convinimos que si el fiscal hubiera estado en el momento indicado, había 10 o 12 personas, hubiera sido posible el desalojo sin hacer ningún desastre".
En medio, la Fiscalía General de la Ciudad salió a contestarle al secretario de Seguridad nacional, Sergio Berni, quien ayer había pedido "que renuncie" el fiscal de Cámara Gabriel Unrein, a cargo del caso, porque daba clases en la escuela de formación de la Policía Metropolitana.
Ayer, Berni dijo a C5N que "después del desastre que hicieron con el operativo, la verdad que debería renunciar como fiscal y como director de la Metropolitana" y apuntó que Unrein "además de ser fiscal es empleado del gobierno de la Ciudad y cobra del gobierno".
Ante ello, la Fiscalía señaló en un comunicado que "Unrein ejerce en el Instituto Superior de Seguridad Pública actividades académicas vinculadas a la docencia (director de Docencia y Contenidos), en iguales circunstancias que otros jueces y fiscales locales, nacionales y federales".
Esa actividad académica, añadió la Fiscalía, "es la única que los magistrados pueden ejercer sin ningún inconveniente y, en éste caso particular, cuenta con expresa autorización por resolución del Fiscal General" de la Ciudad.
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