Fiscales quieren indagar a María Estela Martínez de Perón
Está sospechada de crímenes de lesa humanidad ocurridos antes del golpe militar de 1976 en la provincia de Tucumán.
Los fiscales que intervienen en causas de terrorismo de Estado en Tucumán, Pablo Camuña y Patricio Rovira, pidieron a la Cámara de Casación Penal que revoquen la resolución de la Cámara Federal de esa ciudad que convalidó la negativa a llamar a prestar declaración indagatoria a la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, acusada de crímenes de lesa humanidad en el marco del Operativo Independencia.
Se trata de una causa que tiene 16 procesados en la que se investigan los delitos de asociación ilícita, violaciones de domicilio, privaciones ilegales de libertad con apremios ilegales, vejaciones y torturas agravadas, violaciones, abusos sexuales y homicidios calificados en perjuicio de 270 víctimas.
Los hechos ocurrieron durante la ejecución del denominado Operativo Independencia, una experiencia localizada en Tucumán del terrorismo de Estado previa al golpe cívico militar de 1976 y los fiscales cuestionaron que la negativa al llamado indagatoria "veda toda posibilidad de continuar con la investigación sobre la ex mandataria, porque implica un sobreseimiento de hecho".
"La decisión de impedir el ejercicio de la acción penal pública negando el acto más incipiente del proceso (la indagatoria) implica el sobreseimiento ficto de la encartada Martínez de Perón cuya sujeción al proceso en el futuro deviene de imposible realización por tal acto jurisdiccional", dijeron los fiscales ante la Cámara de Casación.
Antes, el juez federal de instrucción, Daniel Bejas, como la Cámara Federal coincidieron en el criterio de que los militares no habían contado con la "aquiescencia" -una condición para evaluar la responsabilidad- del gobierno de Martínez y que el Operativo Independencia fue una fase del plan de las Fuerzas Armadas para derrocar a la jefa de Estado.
"De haber existido tal situación no hubiera sido necesaria la toma de poder a través del golpe militar del 24 de marzo de 1976, ello sin perjuicio de adhesiones y colaboraciones de algunos sectores de la sociedad civil y política, que compartían los intereses y objetivos que signaban el accionar militar", sostuvo el juez Bejas.
Pero según los fiscales Camuña y Rovira, "la firma del decreto presidencial 261/75 resulta crucial para el desarrollo del plan militar", en referencia a la norma "conocida históricamente como la del 'aniquilamiento' por contener esa expresión en la orden a las Fuerzas Armadas para avanzar en cuestiones de seguridad interna y comenzar con el operativo".
"El hecho imputado resulta ser no sólo la firma de tal decreto que da comienzo formal al 'Operativo Independencia', sino sobre todo la falta de control posterior sobre el desarrollo de las operaciones militares, es decir, la defraudación del rol de garante que la encartada debía cumplir conforme su cargo y función a la cabeza de la estructura del estado nacional", sostuvieron los fiscales, según informó el Ministerio Público Fiscal.
Las Más Leídas
Dejá tu comentario