La ley de minoridad genera fuertes polémicas
*Los legislarores tratarán la nueva ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
*Al proyecto oficial se opone el presentado por el Foro de Niñez y Familia de Córdoba.
*Los intregrantes de las ONG le anticiparon a minutouno.com que harán una marcha a la Legislatura.
Recinto Legislatura
Una nueva sesión polémica y con todos los condimentos se anuncia para el próximo miércoles en la Legislatura Unicameral. Ese día, en su habitual sesión en el recinto, el oficialismo quiere aprobar una proyecto que adhiera a la ley nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
La licendiada Liliana Gaitán, del Servicio a la Acción Popular (Seap), en diálogo con minutouno.com, explicó que "las organizaciones convocantes compartimos la necesidad de que en Córdoba se aplique la ley nacional que pone fin a la tutela judicial de los problemas sociales de la infancia y exige la creación de Organos Administrativos descentralizados que den respuestas no judiciales sino de polìticas concretas".
En respuesta a esta afirmación, el ministro de Justica, Héctor David, dice que "no es necesario describir en profundidad los organismos específicos. La ley 26.061 es lo suficientemente rica desde el punto de vista del contenido y se está trabajando en el Consejo Federal creado por la ley 26.061 para bajar a Córdoba políticas coordinadas y subvencionadas con la Nación".
Las veinte organizaciones involucradas en el Foro de Niñez y Familia de Córdoba cuestionan el anteproyecto que el Ejecutivo presentó y llevaron uno de 113 artículos que prevé la creación de un Sistema Integral de Protección de Derechos.
Además, ordena la constitución de organismos para la defensa y protección de los derechos de los niños que sean independientes de los organismos encargados de la aplicación de las políticas públicas.
"Estamos convencidos de la necesidad de producir los cambios políticos, económicos e institucionales, que plantea la nueva ley nacional para que los derechos de los niños , niñas y adolescentes puedan ser efectivizados", siguió diciendo la licenciada Gaitán.
El problema que actualmente existe en la provincia de Córdoba respecto a la legislación de menores y adolescentes es que el Tribunal Superior de Justicia de suspendió la aplicación de la Ley Nacional 26.061, mediante el acuerdo reglamentario Nº 794 Serie “A” (noviembre de 2005) argumentando que para la protección de derechos de niños y jóvenes se dispone “…que los tribunales de la Provincia de Córdoba con competencia en materia de menores prevencional, continúen su actuación judicial de conformidad a las competencias y atribuciones asignadas por la ley 9.053 (provincial)”.
Este es le punto más cuestionados por las ONG que paticipan del Foro, porque dicha ley provincial regula las atribuciones de la “justicia de menores” según la ley nacional de Patronato del Estado Nº 10.903, ya derogada.
"Con esta Acordada del Tribunal Superior de Justicia se invierte el orden jerárquico establecido en el Artículo 31 de la Constitución Nacional según el cual la totalidad de las normas y actos provinciales deben subordinarse a ella, y a los Tratados Internacionales (con jerarquía constitucional), a las leyes que dicte el Congreso nacional (como la ley 26.061) y a toda norma u acto que emane del gobierno federal", aclara Liliana Gaitán.
Es decir que con dicho acuerdo se generaron dos violaciones constitucionales, por un lado respecto a las atribuciones que corresponden al Poder Legislativo para reglamentar las acciones en una comunidad; y por el otro la continuidad en la aplicación de la ley 9.053 que sostiene los principios del patronato o los “principios del paradigma de la situación irregular”, contenidos en la Ley 10.903.
"Los principios de este derogado paradigma implica que los conflictos sociales en los que se encuentran los niños y las familias mas vulnerables se derivan a un juez de menores quien desde un poder ilimitado decide que medida impone, la que , al no contar con políticas públicas serias para la niñez que tengan por finalidad fortalecer el rol de las familias, se traduce en privación de libertad de los niños por tiempo indeterminado”, denuncia la integrante del Foro de Niñez y Familia de Córdoba.
Con este panorama, los Institutos de Menores y muchos precintos policiales, aún albergan a menores con el mismo régimen de detención que se aplica a los mayores y con condicones de detención igual que a personas que han reincidido en el delito.
"Esta situación lo único que hace es continuar violando son los derechos de niños, niñas y adolescentes; violándose así el principio rector de la Convención y de la Ley 26.061 que sostienen el verdadero Interés Superior del Niño”, termina diciendo Liliana Gaitán.
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