Los concejales tendrán que publicar sus patrimonios en la página web municipal

El Concejo Deliberante aprobó la polémica ordenanza que obliga a los ediles a informar de manera ampliada sus patrimonios para que sean conocidos por los ciudadanos.

Los datos sobre los bienes patrimoniales podrán ser consultados en forma completa mediante de la Secretaría de Control Administrativo de la Municipalidad de Córdoba, aduciendo un “interés legítimo”, y en forma parcial a través del sitio oficial www.cordoba.gov.ar .

La norma fue sancionada con 21 votos a favor, entre los que se cuentan el del kirchnerista Héctor "Pichi" Campana, quien se estimaba que iba a votar por rechazar el proyecto. En contra votaron cuatro concejales: la radical Dolores Becerra, los peronistas Roxana Díaz y Carlos Díaz, y el kirchnerista José Lomuoio.

Campana votó a favor de la norma en general, pero en contra de la publicación en Internet de una versión abreviada de los datos, y criticó al intendente Luis Juez por la oportunidad en la que el oficialismo impulsó el proyecto. "Si el objetivo era la transparencia, la ordenanza no debería haber estado cajoneada más de dos años, o debería haberla tratado el intendente ni bien asumió", dijo.

La Comisión de Legislación General del cuerpo había aprobado por mayoría el despacho conjunto de los dos proyectos (uno del juecismo y otro de Unión por Córdoba), que sirvió como base de la ordenanza sancionada.

Ahora, los ediles deberán precisar, además de sus bienes, sus intereses económicos y financieros para evitar situaciones donde pudieran actuar parcialmente o detectar casos de enriquecimiento ilícito.

En forma resumida, los datos figurarán en el sitio oficial de la Municipalidad de Córdoba , pero si quieren consultar la información completa, deberán aducir algún "interés legítimo" ante José Medina, el secretario de Control Administrativo.

"El interés legítimo es si hay sospecha de que hay datos no reales, o que se quieran demostrar irregularidades en la situación de los funcionarios", explicó la edil oficialista Beatriz Ostermeyer.

Una vez promulgada la ordenanza, todos los funcionarios tendrán 30 días para actualizar sus declaraciones juradas bajo las nuevas condiciones, bajo pena de ser considerados culpables de falta grave, lo que puede llegar a traducirse en la destitución del cargo.

El formulario de los concejales será custodiado en la Oficialía Mayor (ya sea del Concejo o del Ejecutivo), que podrá ser solicitada ante la secretaría de Medina, previa aclaración del interés para requerir la información.

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