Cortes: el Gobierno interviene Metrogas
Guillermo-Moreno
Por DyN
Fuentes de la compañía admitieron la visita de Moreno y prefirieron no formular declaraciones por el momento.
Moreno, sostuvo que "no estuvimos conformes con la decisión adoptada ayer" por la compañía de interrumpir el servicio a industrias con contratos de provisión en firme y "no nos pareció prudente la explicación" que brindó Metrogas.
El funcionario convocó a los accionistas a una reunión a partir de este mediodía, para analizar los pasos a seguir.
"En la Ley de Abastecimiento si el funcionario interviniente, que soy yo, percibe que un producto que está escaseando en el mercado es por impericia de los que están actuando al frente de la empresa, tengo la obligación legal de intervenir", sostuvo.
Moreno garantizó que la determinación que adopte, tras el encuentro con los accionistas de Metrogas, "será positivo para los consumidores, para los que usan el gas como insumo básico y para la empresa".
"Podríamos hasta llegar a rescindir el contrato por la conducta irresponsable de Metrogas frente a la operación de un servicio público", señaló otra fuente oficial.
Cabe consignar al respecto que las distribuidoras firman tres tipos de contratos con sus clientes: De provisión "En Firme"; otro que se denomina "En Firme, con Ventana", y de provisión "Interrumpible".
Por el primero de tales contratos, el cliente paga más por un volumen de gas que la distribuidora debe garantizarle, mientras que por el segundo queda habilitada la posibilidad de suspenderle el servicio algunos días al año.
Si el contrato es categoría Interrumpible, (de un precio menor) la distribuidora podrá cortarle el suministro de gas para priorizarlo al resto de los usuarios.
En vistas de la escasez de gas, en las últimas semanas se cortó el suministro a Interrumpibles, y durante varios días también a clientes "En firme", con y sin Ventana. La composicion accionaria de MetroGas es de 70 por ciento para Gas Argentina S.A. (54 por ciento British Petroleum y 46 Repsol YPF), en tanto que el 30 por ciento restante se divide en 10 para los trabajadores, a través de un Programa de Propiedad participada, y el 20 por ciento en manos de accionistas particulares.
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