El escándalo del Gobierno con la Hidrovía: la trama detrás del aval de Luis Caputo a la millonaria concesión
El ministro buscó maquillar las denuncias de amiguismo celebrando un "hito logístico", mientras los números oficiales exponen un negocio de USD 15.000 millones diseñado a la medida de los círculos de influencia oficialistas.
La trama detrás del aval de Luis Caputo a la millonaria concesión
A siete días de que la publicación de la Resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) sellara el destino de la Vía Navegable Troncal (Hidrovía Paraná-Paraguay) hasta mediados del siglo XXI, las miradas ya no solo apuntan a los empresarios beneficiados, sino al despacho que movió los hilos para que el trámite avanzara sin contratiempos. El ministro de Economía, Luis Caputo, se convirtió en el principal garante y defensor de un proceso severamente cuestionado por falta de transparencia y direccionamiento.
Mientras la oposición y el periodismo de investigación —con informes clave como el de Alejandro Bercovich en C5N— denunciaban un "traje a medida" para empresarios amigos, desde el Palacio de Hacienda se activó una fuerte estrategia de comunicación para blindar el escándalo y presentar la privatización como un éxito rotundo de gestión.
El "maquillaje" oficial: los argumentos de Luis Caputo sobre la Hidrovía
Para intentar sepultar las sospechas de amiguismo que salpican al riñón del Gobierno —principalmente por los nexos de los adjudicatarios con el asesor Santiago Caputo—, el equipo económico de Luis Caputo se aferró a dos grandes banderas técnicas.
Por un lado, Economía celebró el cierre del proceso catalogándolo como una "licitación histórica" y prometiendo una reducción del 13,5% en los costos logísticos para el sector exportador.
Al mismo tiempo, el ministro se vanaglorió públicamente de que el pliego haya concluido sin impugnaciones formales por parte de otros competidores, utilizándolo como un supuesto certificado de transparencia.
Sin embargo, en el sector portuario señalan que la ausencia de reclamos responde a las condiciones de exclusión del propio pliego, diseñado para que solo el consorcio de la belga Jan De Nul y la local Servimagnus tuviera el camino allanado.
Las desorbitantes cifras que avaló el Palacio de Hacienda
A pesar del discurso de austeridad y desregulación que pregona el Gobierno libertario, las proyecciones económicas de la propia Anpyn —organismo bajo la órbita oficial— exponen el monumental botín que Luis Caputo le garantizó al consorcio privado y a su red de subcontratistas locales (donde aparecen firmas asociadas al Grupo Neuss, la familia Román, Juan Ondarcuhu y Gustavo Elías):
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Una caja asegurada: La resolución avalada por Economía estima una facturación anual promedio de USD 628 millones para la empresa concesionaria.
El botín de un cuarto de siglo: A lo largo de los 25 años que dura el contrato (que encima incluye una cláusula de prórroga de hasta 5 años más), los ingresos acumulados totales superarán los USD 15.700 millones.
Rentabilidad garantizada: El esquema financiero diseñado le permite al consorcio recuperar y concentrar sus inversiones en los primeros siete años, asegurándose el pico de máxima ganancia limpia a partir del año dieciséis.
Con el aval de Luis Caputo y el esquema de obra pública financiada por peaje ya consumado, la mayor vía de ingreso de dólares del país (por donde pasa el 80% del comercio exterior argentino) quedó atada a un contrato blindado desde el poder político. En menos de 20 días se firmará el traspaso definitivo, consolidando una de las cajas más codiciadas de la Argentina bajo el estricto patrocinio del Ministerio de Economía.
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