Las subas de alquileres no tienen límites

Economía

*El titular de la Unión Argentina de Inquilinos, Radamés Marini, afirmó a minutouno.com que en muchos casos los aumentos son de "entre el 70 y el 100%”.
*Aclaró que los incrementos "están prohibidos por ley" y no hay que pagarlos.
*Susana Andrada, del Centro de Educación al Consumidor, sostuvo que es ilegal que los propietarios exijan subas a mitad del contrato y que los ocupantes de las viviendas pueden recurrir a la justicia.

Los aumentos de los alquileres no alcanzan un techo, a pesar de las repetidas promesas de propietarios e inmobiliarias de que los precios se aquietarán, y de los fallidos intentos del Gobierno para incentivar el crédito hipotecario.

Los inquilinos tienen que enfrentar una y otra vez, a la hora de renovar sus contratos o de ingresar a una vivienda, subas que no se corresponden con los datos oficiales de la inflación y que no se ven acompañadas por alzas en los salarios. Según la última medición del Indec en febrero, el costo de vida fue de 0,3 %, mientras que los alquileres subieron 1,3%.

Operarios inmobiliarios admiten que los aumentos de los contratos de locación alcanzan un 30%. A manera de ejemplo, en Palermo Hollywood, el alquiler de un departamento de tres ambientes tiene un valor que va de 1.500 a 1.700 pesos mensuales, mientras que en Recoleta o Barrio Norte se pagan hasta 2.000 pesos. En barrio como Colegiales, el valor de un tres ambientes puede rondar los 900 pesos.

El presidente de la Unión Argentina de Inquilinos (UAI), Radamés Marini, aseguró a minutouno.com que los aumentos superan el 30% y que “están llegando a entre el 70 y el 100%. Por un dos ambientes que se pagaba 450 pesos, hoy están pidiendo 800”, sostuvo.

 ¿Qué hacer si se exigen aumentos a mitad del contrato?

Marini afirmó que cualquier intento de aumentar el precio de los alquileres antes de finalizar el contrato “está prohibido por ley, por lo tanto no hay que pagarlo”.


 


Los propietarios suelen confeccionar contratos escalonados, en los que se pide una cantidad de dinero por el primer año y una cantidad superior en el segundo. “Esto es ilegal”, aseguró el titular de la UAI y agregó: “La ley de emergencia económica no lo permite, el contrato de locación debe ser por el mismo valor durante dos años, porque es lo que exige la ley”.

Si los propietarios de las viviendas solicitan al inquilino un aumento antes de finalizar el contrato, el inquilino “no debe pagarlo, y en caso de que se le exija, tiene que mandar una carta documento al dueño para avisarle que iniciará acciones legales”, según explica Marín. 

Ante las amenazas de realizar juicios, el presidente de la Unión de Inquilinos dice: “Si se presentan estas situaciones, los propietarios suelen ceder y prefieren llegar a un acuerdo con la persona que alquila su vivienda, porque no tiene chances de ganar el proceso judicial”.  

El mercado, a favor de los propietarios 

 Las Asociaciones de Consumidores no dudan en afirmar que los alquileres seguirán subiendo y que no tienen un piso porque la demanda continúa siendo muy alta frente a la oferta.

La titular del Centro de Educación al Consumidor (CEC), Susana Andrada, dijo a minutouno.com que “los propietarios seguirán subiendo los alquileres porque por ahora hay inquilinos dispuestos a pagar lo que pidan”.

 Andrada indicó: “El inquilino tiene que saber que la ley lo protege y que tiene que hacer respetar las normas que afirman que los alquileres deben ser por dos años, en pesos, a valor fijo, y que está prohibida la indexación”.

 “Si el usuario se encuentra con estas cláusulas aunque las haya firmado puede resarcir el contrato o enviar una carta documento informando al propietario que es ilegal realizar aumentos”, afirmó Andrada.

 La titular del CEC afirmó que “los propietarios se aprovechan de esta situación porque saben que el mercado los favorece y que los inquilinos no pueden comprar la vivienda”.  

La intervención del Estado
 
Andrada y Marini coincidieron en señalar que la intervención del Estado es la única solución para que las subas se detengan y los inquilinos puedan dejar de achicarse y de bajar su nivel de vida.  

“El Estado tiene que intervenir como sucede en Europa o en Estados Unidos, acá no se controla la locación”, dijo Marini.

 Para Andrada “este Gobierno podría hacer algo con el superávit que tiene pero no lo hace porque no tiene la voluntad política. La política de vivienda es una cuestión de estado que en Argentina no existe”. 

La titular del CEC consideró que el Estado no puede dejar la cuestión de la vivienda en manos privadas. “Hay que lanzar una política seria, no como el plan de créditos que fue una fachada que no funcionó porque dejaron a los bancos hacer lo que quieran”, concluyó.

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