Servicios públicos: a la espera de empresarios responsables
En los últimos días, las empresas privatizadas estuvieron, por diferentes motivos, en boca del gobierno, de los consumidores y de los empresarios. A partir de los problemas que se dieron, principalmente en los trenes, en el gas y en la distribución eléctrica, resurge un debate que es permanente en los círculos empresariales: la Responsabilidad Social Empresaria (RSE).
Ahora bien: ¿Cómo se aplica esto a la actualidad de las empresas de servicios en la Argentina?
Esta negligencia se amparaba en dos patas muy importantes: la desidia de gobierno, y la falta de acción de la sociedad toda. Muchos dirigentes utilizaron las privatizaciones para mostrar una mejora del servicio, y las “desprolijidades” en la adjudicación de las empresas se pasaron por alto, ante la atenta mirada de los consumidores.
Ambos problemas tienen soluciones dispares, pero igualmente complicadas. La primera implica un seguimiento cercano de los entes reguladores y demás organismos a cargo del control administrativo, que hasta ahora no parecen cumplir su función, ni en el ámbito privado ni en el público. La segunda ya se ve en cierto sector de la sociedad, que está más informado y más pendiente de lo que se sufre a la hora de no tener gas, luz, o medios de transporte, y más dispuesto a hacer algo al respecto. Pero aún no es suficiente.
Un compromiso compartido
Son varios los que desconfían de la RSE, argumentando que su aplicación depende de la buena voluntad de los empresarios. En América Latina muchas empresas se quedaron en las viejas prácticas. Por suerte, cada vez más compañías están sumando políticas responsables, ya sea con el ambiente o con la comunidad.
La RSE, sumada a la participación de los ciudadanos y los controles del Estado, hará que la vieja dicotomía entre “privada-estatal” deje de ser el clave en el buen funcionamiento de las empresas, y que, cualquiera sea el origen de su financiamiento, puedan funcionar sin fisuras.






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