Servicios públicos: a la espera de empresarios responsables

Economía

En los últimos días, las empresas privatizadas estuvieron, por diferentes motivos, en boca del gobierno, de los consumidores y de los empresarios. A partir de los problemas que se dieron, principalmente en los trenes, en el gas y en la distribución eléctrica, resurge un debate que es permanente en los círculos empresariales: la Responsabilidad Social Empresaria (RSE).

Las empresas públicas no pueden tener como objetivo principal el lucro. Por supuesto que deben ganar dinero, pero ese debe ser un paso que facilite la consecución de las metas relacionadas con el servicio que se debe prestar.

La RSE refuta la idea de que las empresas privadas sólo les rinden cuentas a sus accionistas, y en cambio se les exigen buenas relaciones con su personal, gobierno corporativo transparente, juego limpio con los consumidores, preservar el medio ambiente, y participación en las grandes causas de interés social. Esto se aplica a todas las empresas, no sólo a las que realizan servicios públicos.

Pero esto no es todo. De acuerdo con el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE), las empresas que aplican estas nuevas ideas son además más rentables que aquellas que siguen con la vieja usanza.

Privatizaciones, dicotomías y soluciones.

Ahora bien: ¿Cómo se aplica esto a la actualidad de las empresas de servicios en la Argentina?

Un adagio repetido durante el liberalismo de los ’90 era: "lo que es de todos no es de nadie”. Esto hacía referencia a que nadie se preocupaba por las empresas del estado porque no redundaban en ganacia para nadie. Lo que este dicho no toma en cuenta es que quién es dueño de algo no rinde cuentas a nadie de lo que hace con su propiedad. Esto permitió que se vaciaran empresas y se prestaran servicios muy por debajo de lo esperable.


Esta negligencia se amparaba en dos patas muy importantes: la desidia de gobierno, y la falta de acción de la sociedad toda. Muchos dirigentes utilizaron las privatizaciones para mostrar una mejora del servicio, y las “desprolijidades” en la adjudicación de las empresas se pasaron por alto, ante la atenta mirada de los consumidores.

Ambos problemas tienen soluciones dispares, pero igualmente complicadas. La primera implica un seguimiento cercano de los entes reguladores y demás organismos a cargo del control administrativo, que hasta ahora no parecen cumplir su función, ni en el ámbito privado ni en el público. La segunda ya se ve en cierto sector de la sociedad, que está más informado y más pendiente de lo que se sufre a la hora de no tener gas, luz, o medios de transporte, y más dispuesto a hacer algo al respecto. Pero aún no es suficiente.

Un compromiso compartido


Son varios los que desconfían de la RSE, argumentando que su aplicación depende de la buena voluntad de los empresarios. En América Latina muchas empresas se quedaron en las viejas prácticas.  Por suerte, cada vez más compañías están sumando políticas responsables, ya sea con el ambiente o con la comunidad.

La RSE, sumada a la participación de los ciudadanos y los controles del Estado, hará que la vieja dicotomía entre “privada-estatal” deje de ser el clave en el buen funcionamiento de las empresas, y que, cualquiera sea el origen de su financiamiento, puedan funcionar sin fisuras.

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