Descargas eléctricas y encierros en jaulas: denuncian abusos extremos contra detenidos en China

El informe pone especial atención en las prácticas utilizadas durante los interrogatorios. De acuerdo con los testimonios reunidos, algunos detenidos habrían sido sometidos a violencia física y diferentes formas de privación con el objetivo de obtener confesiones.

Los casos incluyen denuncias de personas que pasaron períodos prolongados sin dormir o sin recibir suficiente comida y agua. También aparecen relatos sobre exposición a temperaturas extremas, descargas eléctricas y detenidos sujetados de las muñecas. En algunos testimonios, además, se describe el uso de jaulas de hierro para mantener encerradas a las personas.

Las cifras elaboradas por la organización permiten dimensionar la variedad de abusos denunciados. Un 20% de los casos estudiados incluyó acusaciones de golpes, mientras que el 15% estuvo relacionado con presuntas torturas utilizadas para obtener confesiones.

La atención médica constituye otro de los puntos cuestionados. El 35% de las personas incluidas en el relevamiento denunció haber recibido asistencia sanitaria insuficiente durante su detención. El estudio también registró 16 muertes bajo custodia dentro de los casos analizados.

La organización sostiene que la extensión temporal y geográfica de los testimonios plantea interrogantes sobre la existencia de mecanismos efectivos para prevenir los abusos y establecer responsabilidades cuando son denunciados.

El contraste resulta particularmente llamativo en un país cuya imagen internacional está cada vez más vinculada con la innovación y el desarrollo tecnológico. Desde distintos sectores se presenta a China como un ejemplo de cómo la inteligencia artificial, la automatización y las nuevas tecnologías pueden utilizarse para mejorar servicios y elevar la calidad de vida de la población.

Pero esa narrativa sobre la modernización convive con los testimonios recopilados en este informe. Mientras se destacan los avances tecnológicos destinados a la vida cotidiana, las organizaciones de derechos humanos siguen denunciando situaciones de extrema vulnerabilidad para personas que se encuentran bajo custodia estatal. El relevamiento busca poner el foco justamente en esa parte de la realidad que queda fuera de la imagen de progreso tecnológico.

Una detención que terminó con una mujer de 35 kilos

Entre los expedientes examinados por la organización aparece el de Yin Dengzhen, una mujer de 58 años detenida en la provincia de Hubei. Su caso está relacionado con sus intentos de denunciar presuntos hechos de corrupción local. La mujer terminó recibiendo una condena de cuatro años y medio de prisión por “provocar disputas y causar problemas”.

Durante el tiempo que permaneció detenida, su estado físico sufrió un marcado deterioro. Yin padece linfoma y su hija, Xia Beibei, afirmó que llegó a pesar poco más de 35 kilos. La mujer también habría tenido problemas para alimentarse y caminar.

La familia intentó obtener su liberación por razones médicas, aunque el pedido fue rechazado. Posteriormente, las autoridades consideraron que podía ser trasladada a una prisión para mujeres de Wuhan. Su hija cuestionó esa decisión y aseguró que la evaluación oficial no reflejaba la gravedad de la condición en la que se encontraba su madre.

Para el CHRD, este caso permite observar otra de las dificultades que atraviesan los detenidos: el acceso a una atención médica adecuada mientras permanecen privados de su libertad.

Tres expedientes y una confesión anulada

La investigación también se concentró en la etapa posterior a las denuncias: qué hacen las autoridades cuando un detenido asegura haber sido torturado. Según la organización, los resultados fueron limitados. En el conjunto de 209 casos no encontró evidencias de que los funcionarios denunciados hubieran sido sometidos a procesos penales o sanciones disciplinarias por los presuntos abusos.

El informe menciona tres expedientes en particular. Los casos del abogado de derechos humanos Ding Jiaxi y de la periodista Huang Xueqin fueron investigados judicialmente, pero los tribunales concluyeron que no existían pruebas de que hubieran sido torturados.

Una situación diferente ocurrió con el defensor de derechos humanos Ji Xiaolong. Durante su proceso, un tribunal aceptó retirar una confesión después de considerar que había sido obtenida mediante malos tratos.

La decisión, sin embargo, no terminó con el proceso. Ji fue condenado y, según el CHRD, los jueces consideraron que su negativa a confesar demostraba que era un “reincidente”, argumento que terminó siendo utilizado para justificar una condena más severa.