La Justicia de EE.UU. autoriza a portar armas

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El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que los ciudadanos de este país tienen derecho a tener armas, tanto para defenderse como para cazar, al declarar "inconstitucional" una ley de la capital estadounidense que las prohibía en su jurisdicción.

Se trata del primer pronunciamiento definitivo de la máxima corte en los últimos tiempos respecto a la Segunda Enmienda de la Constitución, que data de 1791 y consagra el derecho a la tenencia de armas.

La decisión fue muy dividida, 5-4, y atizará la polémica que existe en Estados Unidos respecto a la posesión de armas para la autodefensa.

En nombre de la mayoría, el juez Antonin Scalia argumentó que la "narrativa histórica" del país apoya el derecho de los individuos a poseer y portar armas, incluso antes de que se adoptara dicha enmienda.

La Constitución de EE.UU. no dice en ningún caso que se prohíbe "de forma absoluta la tenencia y uso de pistolas para la autodefensa en casa", continuó Scalia.

En su dictamen, dividido en tres partes, el Supremo también anuló el requisito en Washington de que las armas de fuego contengan seguros para el gatillo.

La enmienda reza textualmente: "siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas".

Para los magistrados, el meollo de este caso era si la Segunda Enmienda protege el derecho a tener armas -sin importar los motivos- o si éste está vinculado con el servicio dentro de una milicia estatal ordenada.

El dictamen enfrentó a grupos en ambos lados del controvertido asunto, que se apostaron en las escalinatas del edificio del Supremo portando carteles y gritando consignas.

En una de las leyes más estrictas del país sobre este asunto, el Distrito de Columbia, que incluye Washington, prohíbe desde 1976 la posesión de armas de bajo calibre pero permite otras siempre y cuando estén descargadas, sin ensamblar, registradas o tengan un seguro en el gatillo.

Las autoridades capitalinas han insistido en que esas leyes han contribuido a reducir la criminalidad en el área, pero sus detractores mantienen que les impedían el derecho a defenderse, pese a que el Gobierno local no penaliza el uso de las armas en casos de legítima defensa.

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