*El presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, dio un "ultimátum" al gobierno de Roberto Micheletti para que lo restituyan en el cargo. *En caso contrario advirtió que "procederá con otras medidas".
El presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, dio hoy un ultimátum al "régimen de facto" de su país para que lo restituyan en la Presidencia y advirtió de que en caso contrario dará por fracasada la mediación del gobernante de Costa Rica, Óscar Arias, y procederá "con otras medidas".
"Damos un ultimátum al régimen golpista (de Roberto Micheletti) para que a más tardar en la próxima reunión que se realizará esta semana en San José, Costa Rica, se cumplan los mandatos expresos de las organizaciones internacionales y de la Constitución hondureña", dijo Zelaya al leer un comunicado en la embajada de Honduras en Managua.
El depuesto gobernante advirtió que si el "régimen golpista" de su país no cumple con las resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre el restablecimiento del orden constitucional y su inmediata restitución en la Presidencia, "se considerará fracasada la mediación" de Arias en el conflicto de Honduras.
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Señaló que, en ese caso, "se procederá con otras medidas", que no precisó, pero subrayó que el "heroico pueblo" hondureño está dispuesto a "sacar" del poder a los "golpistas" y que la Constitución de su país establece el "derecho a la insurrección".
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En el comunicado, titulado "ultimátum", Zelaya manifestó que se mantendrá en la mesa de negociación, bajo la mediación de Arias y la premisa fundamental de que se restituya el orden constitucional y se garantice su "inmediato, seguro e incondicional" retorno a la Presidencia.
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Zelaya, sacado por la fuerza del poder por los militares el pasado 28 de junio y sustituido en el cargo por Roberto Micheletti, denunció que el "régimen de facto" promueve tácticas "dilatorias" ante ese proceso de mediación e incrementa la "represión sistemática" contra el pueblo hondureño.
En ese sentido, mencionó la suspensión ilegal de garantías constitucionales, persecuciones, uso de violencia y asesinatos de "manifestantes desarmados".
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