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Denunciaron a funcionarios de Salud por obstaculizar el aborto de la nena de 11 años que fue violada en Tucuman

06 de marzo de 2019

La ministra Rossana Chahla, el secretario Gustavo Vigliocco, la directora del hospital donde estuvo internada la niña, y la jefa del Servicio de Ginecología, serán investigados por "incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Organizaciones feministas y de Derechos Humanos denunciaron este miércoles en la justicia a la ministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla, y al secretario del área, Gustavo Vigliocco por el delito de “incumplimiento de deberes de funcionario público” por el caso de Lucía, la nena de 11 años violada por la pareja de su abuela, que pidió una Interrupción Voluntaria del Embarazo y fue sometida a una cesárea.

hospital eva peron
A la nena le hicieron una cesárea cuando pidió una ILE
A la nena le hicieron una cesárea cuando pidió una ILE

También se denunció a Elizabeth Ávila, directora del Hospital Eva Perón donde estuvo internada, y a la jefa del Servicio de Ginecología, Tatiana Obeid Pedemonte, cuyo plantel se declaró "objetor de conciencia" y se negó a participar de la intervenciónsegún informó el diario Página 12.

El texto al que accedió ese diario dice que "el enfoque de género impone investigar los profesionales de la salud que desde distintos lugares de poder han incumplido deberes de funcionarios públicos en desmedro de los derechos humanos y el derecho a vivir una vida libre de violencia de todas las tucumanas”.

Además, en la denuncia detallan los obstáculos que tuvo que enfrentar Lucía hasta el momento del parto: “Su deseo fue sometido a reiteradas barreras médico-burocráticas que resultan contrarias a la normativa legal imperante, a las buenas prácticas clínicas estandarizadas en el Protocolo ILE elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación y de los lineamientos fijados en términos de política sanitaria por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que califica como violencia institucional cualquier tipo de obstáculos de este tipo”.

La investigación será llevada adelante por la Fiscalía de Delitos Complejos N°2 a partir de la denuncia de las organizaciones: Mujeres x Mujeres (MxM), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH, regional Tucumán) y Católicas por el Derecho a Decidir.

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