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Diputados dio media sanción al proyecto que establece infracciones y sanciones contra la pesca ilegal

02 de septiembre de 2020

Después de la aprobación de la ley de asistencia al turismo, la Cámara de Diputados dio el visto bueno al proyecto que modifica el régimen para combatir la pesca ilegal, que ahora será tratado en el Senado.

Con 129 votos afirmativos, la Cámara de Diputados dio media sanción esta madrugada a la iniciativa del Gobierno nacional para desalentar las prácticas ilícitas por parte de los buques en el Mar Argentino ya que las sanciones actuales no guardan proporción alguna con las impuestas hasta el momento.

Las penas hoy van de los 5 a los 10 millones de pesos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 de la Ley Federal de Pesca 24.922, sancionada en 1998.

La iniciativa propone establecer un régimen variable sobre la base de unidades de valor denominadas Unidades Pesca (UP) cuyo monto será equivalente a un litro de combustible gasoil conforme lo que determine la Autoridad de Aplicación, a los fines de establecer el procedimiento de fijación del valor en moneda de curso legal.

En tanto, el texto contempla que se implemente el mismo mecanismo vinculado al litro de gasoil para el resto de las sanciones que pudieran corresponder a buques nacionales; naturalmente, con mínimos y máximos menores a los establecidos para cuando la infracción sea pescar sin permiso.

Este Régimen Federal de Pesca previsto en la Ley N° 24.922 y sus modificatorias, en el Capítulo XIII, “Régimen de Infracciones y Sanciones”, establece el procedimiento para la ejecución de las infracciones y la determinación de las sanciones que puede aplicar la Autoridad de Aplicación, previa sustanciación del sumario correspondiente.

En el caso de embarcaciones extranjeras, la Autoridad de Aplicación podrá además disponer la retención del buque en puerto argentino hasta que, previa sustanciación del respectivo sumario, se haga efectivo el pago de la multa impuesta.

Asimismo, el proyecto establece que los gastos originados por servicios de remolque, practicaje, portuarios, tasas por servicios aduaneros, sanitarios y de migraciones, que se generen por el buque infractor; y los gastos en los que incurran los organismos actuantes en la órbita del Sector Público Nacional.

Esos gastos, de acuerdo al texto, serán devengados como consecuencia de la comisión de infracciones y deberán ser abonados por el propietario o armador o su representante, previo a su liberación.

A su vez, la iniciativa del Poder Ejecutivo enumera las posibles sanciones que van a aplicar de acuerdo a las características del buque, la gravedad del ilícito y los antecedentes del infractor, que van desde multas, suspensión de la inscripción en los registros llevados por la Autoridad de Aplicación al buque mediante el cual se cometió la infracción por un plazo que puede ir desde los cinco días a un año.

El texto del proyecto enviado al Congreso lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, el canciller Felipe Solá, el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Basterra, y el jefe de Gabinete de Ministros Santiago Cafiero.

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