Ajuste y desigualdad: las mujeres pierden ingresos y derechos bajo la gestión de Javier Milei

Esta situación impacta directamente en la distribución de la pobreza. De acuerdo con el estudio, las mujeres representan el 64,2% de las personas con menores ingresos, una proporción que aumentó respecto del 61,4% registrado el año anterior. A medida que se asciende en los niveles de ingreso, la presencia femenina disminuye: en el decil de mayores ingresos, las mujeres representan apenas el 37%. Este fenómeno es lo que el informe define como “feminización de la pobreza”.

Brechas laborales persistentes

Las diferencias también se observan en la participación en el mercado de trabajo. La tasa de actividad femenina es del 52,6%, 17,5 puntos porcentuales por debajo de la de los varones, que alcanza el 70,1%.

En materia de empleo, la tasa de desocupación también es mayor entre mujeres: 7,4% frente al 5,9% de los varones, una diferencia de 1,5 puntos porcentuales.

La informalidad laboral presenta una tendencia similar. El 38% de las mujeres trabaja en condiciones informales, frente al 35,5% de los varones, lo que amplía aún más la brecha en términos de estabilidad laboral, acceso a derechos y protección social.

Uno de los factores centrales que explican estas desigualdades es la distribución del trabajo doméstico y de cuidados. Según el informe, las mujeres destinan en promedio tres horas más por día que los varones a tareas domésticas no remuneradas, lo que limita sus posibilidades de inserción y desarrollo en el mercado laboral.

La contracara: masculinización de la riqueza

El estudio también advierte que, mientras la pobreza se feminiza, la riqueza se concentra mayoritariamente en los varones. El 63% de las personas ubicadas en el sector de mayores ingresos son hombres.

Esta desigualdad también se refleja en el sistema tributario. Las mujeres representan el 32,8% de quienes tributan Bienes Personales y el 30% de quienes pagan Impuesto a las Ganancias, además de que el valor de sus patrimonios e ingresos suele ser menor que el de los varones. Según el informe, esto evidencia una profunda brecha patrimonial.

Ajustes en políticas públicas con perspectiva de género

En el plano estatal, el informe advierte que el Presupuesto 2026 consolida el desmantelamiento de políticas públicas con perspectiva de género iniciado en 2024. De acuerdo con el análisis, 7 de cada 10 programas destinados a reducir brechas de género fueron recortados o directamente eliminados.

Entre las medidas que más impactan sobre las mujeres también se mencionan los recortes en el sector docente, donde las mujeres representan el 73,1% del total del personal, y el veto a la extensión de la moratoria previsional.

Según el estudio, esta decisión implica que 9 de cada 10 mujeres no podrán acceder a una jubilación, quedando relegadas a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% del haber mínimo y exige una edad de 65 años, cinco más que la jubilación ordinaria femenina.

Cómo se profundizan las brechas de género bajo la actual gestión

El informe identifica distintas áreas en las que las desigualdades se profundizan a partir de decisiones presupuestarias y de política pública.

Brecha de ingresos:

• Fuerte ajuste en la Moratoria Previsional (-41,71%).

• Reducción en la Prestación Alimentar (-17,26%).

• Recorte en Pensiones para Madres de 7 o más hijos (-0,83%).

• La AUH es el único programa con crecimiento real (+74,64%), interpretado como una estrategia de contención social frente al ajuste general.

Brechas laborales:

• Eliminación o virtual desmantelamiento de programas destinados a la inclusión laboral, como Potenciar Trabajo, Registradas y Potenciar Inclusión Joven.

Brecha en violencias de género:

• Los programas de protección a víctimas de violencia registraron un ajuste global del 86,5% respecto a 2023.

• Las personas asistidas por la Línea 144 cayeron 90% en 2025 respecto a 2023.

• Para 2026 se proyecta una meta de atención 79,1% menor que en 2023.

Brechas en salud:

• La Educación Sexual Integral (ESI) fue prácticamente desmantelada, con una caída del 98% y sin presupuesto asignado para 2026.

• El programa de Salud Sexual y Procreación Responsable sufrió un recorte del 20,9%.

• El programa de Respuesta al VIH e ITS registra un aumento del 11,2%, aunque sin correlación con la ejecución previa.

• El Plan 1000 Días muestra el mayor crecimiento presupuestario (+360,6%).

El informe también señala que durante 2025 no se distribuyó ningún preservativo a través del programa de respuesta al VIH e infecciones de transmisión sexual.

Brecha de cuidados:

• La paralización de la obra pública derivó en la eliminación de programas vinculados a infraestructura de cuidados, como Infraestructura Social, del Cuidado y Sanitaria y Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes.

Reforma laboral y su impacto en las brechas de género

El estudio también advierte que distintos puntos de la reforma laboral pueden profundizar las desigualdades.

Entre ellos se destacan:

• Fondo de Asistencia Laboral (FAL): financiado con aportes de empleadores (1% en grandes empresas y 2,5% en PyMES) y una reducción equivalente de contribuciones al sistema previsional. El costo fiscal estimado es 0,37% del PBI, 4,6 veces el costo de la moratoria previsional que el Gobierno vetó por motivos de “sostenibilidad”.

• Despidos por embarazo: la reforma elimina la posibilidad de reclamar la nulidad del despido y la reincorporación, limitando la respuesta a una indemnización agravada.

• Banco de horas y mayor flexibilidad laboral: permite compensar horas extras con descansos en lugar de pago, lo que genera mayor incertidumbre horaria y dificulta la organización de las tareas de cuidado.

• Debilitamiento de la negociación colectiva: al priorizar convenios por empresa sobre los nacionales, se ponen en riesgo derechos conquistados en paritarias, como licencias extendidas por maternidad y paternidad.

• Teletrabajo: la derogación de la Ley 27.555 elimina la normativa que reconocía explícitamente las tareas de cuidado dentro de la relación laboral.

• Período de prueba: se amplía el período de prueba para trabajadoras de casas particulares, que pasa de 15 días a 6 meses, aumentando la precariedad en uno de los sectores más feminizados del mercado laboral.