En medio del escándalo, el Gobierno enviaría de manera "inminente" un proyecto para controlar el dinero de campaña
Mientras la Justicia investiga el caso de los aportantes truchos en la campaña de Cambiemos de la Provincias durante las elecciones legislativas, el oficialismo busca descomprimir con una reforma.
María Eugenia Vidal y Mauricio Macri
En medio del escándalo por los aportantes truchos en la campaña legislativa de Cambiemos en la provincias de Buenos Aires del año pasado, que este miércoles le costó la cabeza a la contadora Fernanda Inza, tesorera del PRO bonaerense, el Gobierno decidió mandar de manera "inminente" y con la firma del presidente Mauricio Macri, la nueva ley de financiamiento político.
Lista desde febrero, contiene, entre otros cambios, la bancarización obligatoria de los aportes a los partidos políticos de modo que excluye las donaciones en efectivo, tan habituales en encuentros de campaña, como pasa en las cenas de recaudación de fondos. Además habilitaría los aportes empresariales, pero con un tope del 2% sobre el total de los gastos permitidos para una agrupación.
En diálogo con periodistas acreditados a Casa de Gobierno, el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez dijo que el borrador se viene “trabajando hace más de un año” y que se lo presentará en los próximos días.
De acuerdo con algunas fuentes del gobierno consultadas por La Nación, el proyecto llegaría este viernes a la Cámara de Diputados. "Más allá del contexto, prometimos presentarlo entre julio y agosto. Y cumplimos", declararon desde un despacho importante de la Casa Rosada.
Mientras hay una investigación judicial en curso, con aportantes truchos citados por la Justicia, la gobernadora María Eugenia Vidal comenzó por su cuenta una auditoría interna.
De acuerdo con el último borrador al que accedió La Nación, el proyecto determina un registro de proveedores y servicios bajo la órbita de la Cámara Nacional Electoral, con el objetivo de evitar gastos que luego son difíciles de controlar.
Impulsado por la secretaria de Relaciones Parlamentarias, Lucía Aboud, y por el secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez, el proyecto también busca extender el plazo de prohibición para la realización de actos de gobierno que puedan promover la captación del voto, de los 15 días actuales a 30 días.
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