Ciudadanía por inversión: expertos cuestionan y advierten sobre los alcances del nuevo plan del Gobierno
El esquema prevé otorgar la nacionalidad por aportes desde USD 350.000. Analistas advierten sobre dudas jurídicas y tributarias.
El anuncio de un nuevo programa oficial para otorgar la ciudadanía argentina a extranjeros a cambio de desembolsos financieros generó reparos e interrogantes entre analistas económicos y especialistas en derecho internacional. La iniciativa busca atraer capitales privados, pero abre discusiones sobre su verdadero impacto y las garantías de control necesarias.
El anuncio del Ministerio de Economía
Durante una presentación oficial en el marco de la Argentina Week en París, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó la puesta en marcha del régimen y confirmó que las solicitudes comenzarán a recibirse durante el cuarto trimestre de 2026. Según la cartera económica, el programa se alinea con estándares internacionales de la OCDE y el GAFI para promover la llegada de capitales, permitiendo aplicar también al grupo familiar mediante montos adicionales.
Los detalles del programa financiero
La medida establece que los postulantes podrán solicitar la nacionalidad mediante un aporte no reembolsable de USD 350.000 al Tesoro Nacional o a través de la suscripción de un bono público a tasa cero por un valor de USD 800.000. De esta manera, bajo el esquema oficial, un grupo familiar tipo podrá gestionar la ciudadanía por un total de USD 500.000, tramitado a través de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión.
A diferencia de los antecedentes históricos de la legislación argentina, que exigían la radicación de industrias o la posesión de tierras productivas, el nuevo régimen se enfoca exclusivamente en instrumentos financieros.
Advertencias sobre controles y tributación
Especialistas en comercio exterior y diplomacia destacaron la necesidad de aplicar rigurosos filtros de seguridad migratoria, verificación de antecedentes y trazabilidad sobre el origen de los fondos para resguardar la reputación internacional del pasaporte nacional. Asimismo, tributaristas advirtieron sobre el impacto fiscal y las dudas en torno al esquema de residencia que aplicará a los nuevos ciudadanos.
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