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Aprueban una ley que garantiza el trabajo para personas discapacitadas

Política

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad. Otorga beneficios tributarios o estímulos económicos a las empresas que adhiera a los talleres protegidos de producción.

Aprueban una ley que garantiza el trabajo para personas discapacitadas
Un proyecto que crea el Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad fue convertido este miércoles en ley por la Cámara de Diputados. La norma, impulsada por el Poder Ejecutivo, otorga beneficios tributarios o estímulos económicos a las empresas que adhieran a los talleres protegidos de producción, creados para promover "el desarrollo laboral de las personas con discapacidad".

De esa forma, los trabajadores con algún grado de discapacidad serán incluidos en las empresas a través de los denominados "talleres protegidos especiales para el empleo, talleres protegidos de producción y grupos laborales protegidos".

Como objetivo central, la norma apunta a impulsar "la superación de las aptitudes, las competencias y las actitudes de las personas con discapacidad, de acuerdo con los requerimientos de los mercados laborales locales".

Los trabajadores que se integren a estos talleres deberán ser personas con discapacidad, desocupados, con escasa productividad y con dificultades para insertarse laboralmente.

La iniciativa, aprobada por unanimidad en el Senado, recibió el apoyo de todos los bloques de la Cámara de Diputados.

Según el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que participó de las deliberaciones del proyecto en un plenario de comisiones, la ley beneficiará a 10 mil trabajadores, incorporados a unos 400 talleres.

Habrá tres modalidades: el Taller Protegido Especial Para el Empleo (TPEE), para operarios con escasa o nula productividad; el Taller Protegido de Producción (TPP), para personal con mayor productividad en el área comercial o de servicios; y los Grupos Laborales Protegidos (GLP), que serán secciones de empresas de la economía formal, constituidas íntegramente por trabajadores con discapacidad.

De acuerdo con el artículo 31 del Capítulo IX de la norma, los empleadores que se sumen a la propuesta "tendrán derecho al cómputo de una deducción especial en la determinación del impuesto a las ganancias, equivalente al 100 por ciento de las remuneraciones brutas correspondientes al personal discapacitado en cada período fiscal".

Está previsto también que se financien los servicios profesionales de técnicos, especialistas o personal idóneo que constituirá el Equipo Multidisciplinario de Apoyo de los organismos responsables. Los ingresos que genere la comercialización del producto por la actividad de las personas con discapacidad deberán destinarse exclusivamente al fortalecimiento de los logros de los objetivos asignados a los talleres protegidos y para mejorar la calidad de vida de esas personas.

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