El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, fue denunciado ayer ante la Justicia por supuestas irregularidades cometidas en la construcción de viviendas en diversas provincias.
La presentación fue realizada por el abogado Ricardo Monner Sans quien cuestionó también en su presentación a la esposa del ministro, Alejandra Minnicelli, por su función como síndico adjunta de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
En su escrito el letrado mencionó la firma del convenio "Programa Federal de Construcción de Viviendas" que en 2004 firmó el ministerio de Planificación Federal y varias provincias. Entre las provincias aludidas se encuentran Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
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En ese convenio se invocó la necesidad de dar solución al problema habitacional de "sectores desprotegidos con déficit de vivienda" y con ese fin De Vido se comprometió a otorgar "un financiamiento no reintegrable" de 120 mil unidades de viviendas.
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Monner Sans explicó que "la operatoria implementada se basa en dos elementos que se articulan en forma sincronizada: por un lado están los Presupuestos Oficiales sobrevaluados y por el otro, se logra una ausencia total de competencia".
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"En el orden nacional, el Ministerio de Planificación Federal es el responsable del otorgamiento de los cupos de viviendas a ejecutar por cada Provincia y de la fijación de los Presupuestos Oficiales sobrevaluados mientras que en el orden provincial, los Institutos Provinciales de la Vivienda, se ocupan de ejecutar las obras y de neutralizar la competencia", añadió.
Monner Sans explicó que "son los funcionarios los que toman la iniciativa formulando un Presupuesto Oficial artificialmente inflado y se ocupan de disciplinar a las empresas, para que ninguna de ellas cotice a la baja".
Entre los ejemplos mencionados el letrado desarrolló el caso de Corrientes donde se habrían pagado sobreprecios del orden del cien por ciento del valor de la vivienda, establecido en el presupuesto oficial.
"Si se considera que se está construyendo aproximadamente 50.000 viviendas por año en el país y que el sobreprecio estimado está en el orden de los $15.000/20.000 por vivienda, la resultante es que el sobreprecio que se estaría generando oscila entre los 750 millones de pesos y los 1.000 millones de pesos por año", calculó el denunciante.
Pero el letrado pidió que se investigue también porque la Sigen "no parece inquietarse por el hecho de que en la actualidad se esté pagando más por un mismo producto" y resaltó el hecho de que la esposa del ministro ocupe un cargo en esa cartera.
La presentación de Monner Sans quedó radicada ante el juez federal Jorge Ballestero y el fiscal Gerardo Di Massi.
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