A 36 años del Juicio a las Juntas: por qué fue único en el mundo
El jueves se cumplió un nuevo aniversario del inicio del juicio que sentó por primera vez en el banquillo de los acusados a los genocidas de la última dictadura cívico militar.
El 22 de abril se cumplieron 36 años de un proceso judicial único en el mundo: El Juicio a las Juntas. Aunque se lo suele asemejar a los Juicios de Nüremberg en los que se determinó la responsabilidad de numerosos jerarcas nazis en el exterminio de millones de judíos en los campos de concentración desplegados en el este de Europa, el proceso contra los genocidas argentinos guarda un particularidad que lo vuelve único.
Los nazis fueron juzgados por un Tribunal Militar Internacional integrado por los países vencedores en la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo sucedió con los procesos judiciales que siguieron a la sangrienta disolución de la ex Yugoeslavia, el genocidio perpetrado por los Jemeres Rojos en Camboya o las matanzas en Ruanda, todos ellos fueron llevados adelante por tribunales internacionales. Así la Argentina es el único país en el mundo que juzgó y condenó a sus propios dictadores y genocidas.
El 22 de abril de 1985 comenzó el juicio a los integrantes de las tres primeras Juntas Militares de la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional que se hizo con el poder tras derrocar el gobierno constitucional de Isabel Perón el 24 de marzo de 1976.
El camino que llevó a los genocidas hasta el banquillo de los acusados había comenzado el 15 de diciembre de 1983 con el Decreto 158/83 que firmó el entonces presidente Raúl Alfonsín y por el cual ordenó someter a juicio sumario a quienes integraron las Juntas y dirigieron el país hasta la guerra de Malvinas en 1982: Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Omar Graffigna, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya.
El tribunal que enjuició a los integrantes de las Juntas fue la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, integrada por los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D’Alessio. El fiscal fue Julio César Strassera con quien colaboró un muy joven Luis Moreno Ocampo como fiscal adjunto, quienes utilizaron como base probatoria el informe "Nunca más" realizado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
Debido a que la cantidad de delitos sobre los que existían constancias superaban los diez mil, el fiscal Strassera tomó la decisión de recurrir a un mecanismo utilizado por el Consejo Europeo de Derechos Humanos, sobre la base de casos paradigmáticos. La fiscalía presentó entonces 709 casos, de los cuales el tribunal decidió examinar 280.
En total 833 personas declararon a lo largo del juicio, entre ellos ex detenidos desaparecidos, familiares de las víctimas y personal de las fuerzas de seguridad.
El fiscal Strassera cerró su alegato con una frase que hizo estallar en un emocionante aplauso a los familiares de las víctimas que seguían el juicio en el recinto. "Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: "Nunca más".
La emoción contenida, el dolor por los que ya no estaban, por los atropellos sufridos hizo que los presentes estallaran en un único grito demandando justicia y el presidente del tribunal tuvo que ordenar que el desalojo de la sala.
La sentencia fue dictada casi 8 meses más. El 9 de diciembre de 1985 cinco de los militares acusados fueron condenados y los cuatro restantes fueron absueltos.
Videla y Massera fueron condenados a reclusión perpetua con destitución. Viola, a 17 años de prisión, Lambruschini a 8 años de prisión, y Agosti a 4 años y 6 meses de prisión; todos con destitución. En tanto Graffigna, Galtieri, Lami Dozo y Anaya fueron absueltos.
Durante el juicio se dio por probado que las juntas militares habían elaborado un plan sistemático de desaparición de personas que eran sospechadas de tener la capacidad de poner en peligro el plan económico que la dictadura aplicó y que no solo abrió un período de fuete endeudamiento externo sino que también destruyó parte de la industria nacional y profundizó la desigualdad.
Luego llegarían las presiones de los militares de menor rango y los alzamientos carapintadas, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que garantizaron la impunidad de asesinos y torturadores durante años y los indultos a los genocidas que firmó el ex presidente Carlos Menem a poco de asumir.
En 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner se inició el camino de Memoria, Verdad y Justicia y la Corte Suprema de Justicia dictó la nulidad de los indultos y ordenó que los condenados cumplieran sus condenas. También se derogaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final lo que permitió que decenas de represores fueran juzgados y condenados por crímenes de lesa humanidad.
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