Discapacidad: en medio de la nueva avanzada contra el nomenclador, subieron un 1,7% las prestaciones
Javier Milei sigue sin cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad mientras avanza en su plan para eliminar el nomenclador en el Presupuesto 2027.
Mientras el proyecto de ley del Presupuesto 2027 busca eliminar el Nomenclador Nacional en Discapacidad el gobierno de Javier Milei insiste en incumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad a pesar de los fallos judiciales que así lo obligan. Este viernes el gobierno libertario se limitó a aprobar una nueva suba, de apenas el 1,7%, en los valores para septiembre de las prestaciones incluidas en el nomenclador. Se trata de la actualización mensual por inflación prevista por la Ley de Emergencia en Discapacidad aunque siguen sin actualizar los más de 40 puntos porcentuales perdidos en los dos primeros años de gestión libertaria cuando los valores estuvieron prácticamente congelados.
Así quedó plasmado en la Resolución 3487/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches.
La medida mantiene el componente específico para la zona patagónica. De esta manera, los beneficiarios que residan en esas provincias seguirán recibiendo el adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable.
Avanzada contra Discapacidad
El presidente Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, siguen adelante con el desguace del área de Discapacidad ante el altar del equilibrio fiscal. En ese camino congelaron desde el inicio de su gestión el nomenclador de prestaciones y tras la crisis que esto generó intentaron sin éxito vetar la Ley de Emergencia en Discapacidad que se aprobó en el Congreso para darle una respuesta a uno de los sectores más sensibles al paso de la motosierra libertaria. A pesar de ello, e ignorando los fallos judiciales adversos a la política de ajuste del gobierno de La Libertad Avanza, en Casa Rosada siguen sin cumplir con la ley. Ahora el tándem Milei-Caputo dio un paso más en su camino por librar a su suerte a todas aquellas personas que cuentan con el Certificado Único de Discpacidad (CUD) e incluyeron en el proyecto de ley del Presupuesto 2027 la eliminación, lisa y llana, del Nomenclador Nacional de Discapacidad.
El artículo 39 del Presupuesto 2027 modifica el artículo 7 bis de la Ley 24.901 que creó en 1997 el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad.
El artículo 7° bis de la Ley 24.901 es el que establece que los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad deben ser iguales para todas las personas jurídicas obligadas. Es decir que sin importar que obra social o prepaga se tenga, todas deben garantizar las mismas prestaciones y un mismo piso para todas por debajo del cual no podrán pagar a sus prestadoras.
El Artículo 39 del Presupuesto 2027 determina que "el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad deberá garantizar la universalidad de la atención mediante la integración y coordinación de políticas públicas, recursos institucionales y mecanismos de financiamiento afectados a la materia. La universalidad consistirá en asegurar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a las prestaciones básicas en todo el territorio nacional, en condiciones de equidad, respetando la organización federal del Estado, las competencias propias de las jurisdicciones locales y las asimetrías regionales de costos, estructuras prestacionales y capacidades financieras".
Es decir que la universalidad de las prestaciones no implicará que los aranceles y el financiamiento sean iguales en todas las provincias y podrán variar de jurisdicción en jurisdicción.
Asimismo sentencia: "A tales efectos, la universalidad no implicará la homogeneidad de aranceles ni de modalidades de financiamiento entre las jurisdicciones, sino la garantía de un piso mínimo pestacional común, definido por estándares de calidad, oportunidad y adecuación de las prestaciones, de conformidad con la normativa vigente y con los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El nomenclador de prestaciones básicas no incluirá valores universales, los cuales deberán ser determinados por cada ente obligado, en el marco de su relación con los respectivos prestadores garantizando en todos los casos el cumplimiento de los estándares de calidad prestacional".
De esta manera cada obra social y prepaga podrá definir por sí sola lo que está dispuesta a pagar por cada prestación.
El proyecto libertario acalara además que "cuando el ente obligado sea el Estado Nacional, los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán determinados en forma trimestral por la Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud, a propuesta del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. Para los casos en que dicha determinación no se efectúe dentro del período estipulado, los valores de los aranceles serán establecidos por el Ministerio de Salud, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)".
Nuevo Nomenclador de Discapacidad
Resolución 3487/2026:
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