El Gobierno estableció una guía para regular el uso de la inteligencia artificial en el Estado

Según precisó la SIGEN, la confección de esta herramienta partió de un diagnóstico sobre la evolución de la IA en diversas áreas de la administración estatal.

Los hallazgos del relevamiento evidenciaron una amplia variedad de iniciativas en curso, aunque también pusieron de manifiesto la urgencia de robustecer los dispositivos de supervisión para minimizar las contingencias vinculadas con la incorporación de inteligencia artificial.

El documento subraya que la IA presenta oportunidades para elevar la eficiencia y la calidad de la gestión, pero al mismo tiempo alerta sobre las complejidades que acarrea su puesta en práctica.

La guía dispone que los controles internos deben armonizarse con el marco normativo vigente y con una administración pública responsable.

De acuerdo con la Sindicatura, el esquema propuesto apunta a consolidar la rendición de cuentas y la transparencia en el empleo de IA, promoviendo la instrumentación de medidas de supervisión acordes a los niveles de riesgo identificados en cada fase del ciclo de vida de dichos sistemas.

Alejandro Díaz, Titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), señaló que la guía constituye un marco orientador para identificar, evaluar y atenuar los riesgos vinculados a la inteligencia artificial en el sector público (SIGEN)

En el primer supuesto, el auditor general explicó que “la contención de riesgos depende de la existencia de políticas institucionales y de capacitación para el personal”.

En el segundo: “Se agregan controles particulares para el ciclo evolutivo del desarrollo de los sistemas, desde el estudio de viabilidad hasta las pruebas previas a la entrada en funcionamiento”, sostuvo Díaz.

Los peligros que se procura reducir

La Guía de Controles para Inteligencia Artificial de la SIGEN dedica un segmento especial a la política institucional sobre el uso de herramientas de IA en los organismos públicos.

El texto establece que cada entidad debe disponer de una política explícita que regule el manejo de estas tecnologías por parte de su personal, tanto en el uso individual como en la inserción en sistemas institucionales.

Entre las principales contingencias que se intentan acotar sobresalen:

• Revelación no consentida de información reservada o delicada a través de herramientas de IA, especialmente cuando se recurre a plataformas abiertas o servicios en la nube.

• Tratamiento inapropiado de datos personales o de ciudadanos, lo que podría derivar en infracciones a la legislación vigente sobre protección de datos.

• Dependencia tecnológica de suministradores externos, con el consiguiente peligro para la soberanía y la continuidad operativa de los servicios estatales.

• Falta de pautas definidas para validar la calidad y fiabilidad de los resultados generados por sistemas de inteligencia artificial, lo que podría distorsionar la adopción de resoluciones institucionales.

• Desconocimiento de los riesgos ligados al uso cotidiano de IA, incluidas eventuales vulnerabilidades, sesgos en las salidas y carencia de rastreabilidad de las acciones automatizadas.