El Gobierno y un plan ferroviario con fuerte presencia estatal

"No es una reestatización", aclaró el ministro en la conferencia ofrecida junto con el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y al secretario Legal y Técnico de Presidencia, Carlos Zannini.

La conferencia de prensa se realizó después de una reunión con el presidente Néstor Kirchner, quien aprobó el proyecto de ley.

Detalles acerca del nuevo sistema ferroviario

Luego de una profunda crisis del sector ferroviario nacional y en particular de los trenes urbanos, el gobierno anunció un nuevo modelo de operación del servicio ferroviario del país, plasmado en un proyecto de ley que enviará al Congreso.

El esquema está inspirado en el “modelo español”, ya que replicará la fragmentación en dos grandes organismos estatales la administración del sistema: una encargada del desarrollo de la infraestructura y otra de la operación de los servicios.

El proyecto oficial se basa en la experiencia española Renfe. Copiando ese modelo, se creará una Agencia Nacional de Transporte, según publicó el diario Página 12.

Ese nuevo ente público estará en condiciones de concesionar y administrar los servicios de trenes, tanto de pasajeros como los de carga. Según confiaron funcionarios que trabajaron en el proyecto, convivirán operadores privados –los ya existentes en los ramales entregados en la década pasada– con el manejo estatal de algunas líneas.

Por lo pronto, esas fuentes adelantaron que las líneas quitadas al controvertido empresario Sergio Taselli (el San Martín, en 2004, y Roca y Belgrano Sur, la semana pasada), que hoy están en manos de un consorcio integrado por los otros concesionarios, serán administradas por el Estado.

La idea principal de esta intervención del sector público es la de actuar como caso testigo para el resto de los ramales, presionando así –según la visión oficial– para mejorar el servicio que prestan los concesionarios.

La fórmula argentina dará mayor preeminencia al Estado en el rol de inversión –multimillonarios montos, que en el caso de los trenes urbanos están gerenciados por los adjudicatarios–, pero sin desechar la participación de esas empresas privadas ni la posibilidad de seguir subsidiando las prestaciones que no sean económicamente viables sin ese apoyo.

La idea de una agencia permitirá reunir en un mismo comando público prestaciones que hoy tienen distintos regímenes y operan bajo distintas jurisdicciones.

Los ferrocarriles urbanos, subvencionados y licitados por la Nación; los pasajeros de larga distancia, algunos de las provincias, otros bajo la órbita del poder central, concesionados o íntegramente estatales; los subtes, en los que también tiene competencia la ciudad, aunque no asumió el control exclusivo, como ordena una norma de 1999, y los trenes cargueros, también privatizados por la Nación, pero sin subvención.