El Gobierno impulsa una reforma integral de seguridad contra el crimen organizado

Política

El presidente y su gabinete presentaron un paquete de leyes en materia de seguridad, que incluye reiterancia, ley de mafias y legítima defensa, entre otras.

El Gobierno envió al Congreso cuatro proyectos de ley en materia de seguridad para abordar de manera integral la lucha contra el crimen organizado.

El paquete de medidas incluye una nueva "Ley Antimafias", la creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, la incorporación del concepto de "reiterancia" a fin de reducir los porcentajes delictuales, modificaciones a lo que se refiere a la unificación de condenas y concurso de delitos, legítima defensa y cumplimiento del deber para resguardar "planteamientos ideológicos a quienes tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a los argentinos".

Los proyectos llevan la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse, y de los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, respectivamente.

Ley Antimafias

La nueva apunta contra las organizaciones criminales y fue diseñada para que pueda aplicarse en varios delitos: "Cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero", graficó Bullrich.

Además, "se delimita la procedencia de la aplicación del proyecto de ley circunscribiendo a la comisión de delitos que involucren tipos penales específicos -tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos- y que estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal".

"Se contempla una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación", señala el proyecto.

También crea la figura de la "Zona de Investigación Especial", que tiene como objetivo "establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación".

Asimismo, establece que la pena por delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella, ya que se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.

Reiterancia

De acuerdo a la ley vigente, se considera reincidente a toda persona que fue condenada dos o más veces a una pena con privación de la libertad efectiva. Con la introducción de este concepto ya no será condición que las condenas hayan sido cumplidas.

Es decir, si concurren dos hechos independientes, las penas se suman de manera aritmética, hasta un máximo de 50 años.

Nuevo registro de Datos Genéticos

Este ítem va en línea con las pautas que prevalecen en la mayoría de los países del mundo, y propone ampliar el alcance del actual Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia, con la creación del "Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal", en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Orden público y legítima defensa

Este capítulo busca darle respaldo legal al gatillo fácil por parte de las fuerzas de seguridad. El proyecto actualiza el Código Penal y pone la mirada en "la víctima de los delitos y en su derecho a repeler los ataques como en el resguardo de un espacio legal adecuado dentro del cual las fuerzas del orden puedan actuar en cumplimiento de su deber sin comprometer su carrera ni su libertad, lo cual es fundamental para que puedan defender la vida y la libertad de los ciudadanos".

"Desde esta mirada, la legítima defensa es un derecho de las personas que proviene de su derecho a la vida y a la integridad, ante una situación que las pone en riesgo", señala la propuesta, que pide que se contemple la situación de quien se defiende de un agresor que, aun desarmado, puede tener una diferencia de edad, contextura física o experiencia en la riña o en el número de agresores suficientes para dañar su integridad física o sexual.

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