Guillermo Michel habló con C5N y explicó por qué pidió una auditoría por la venta de AySA
El legislador nacional y miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas dio detalles del pedido que le hizo a la AGN para que se audite la venta de la compañía.
El proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos sumó una dura controversia parlamentaria vinculada a los números finales del traspaso. Durante una entrevista brindada a la señal C5N, el diputado nacional Guillermo Michel cruzó con severidad las cifras del acuerdo y advirtió que la compañía fue entregada por un monto que el grupo comprador recupera en apenas tres meses de facturación, encendiendo las alarmas por el remate de un activo clave del Estado.
El legislador formalizó sus cuestionamientos al presentar un pedido de auditoría integral ante la Auditoría General de la Nación. Al profundizar sus argumentos en la pantalla de C5N, expuso que la operación no resiste ningún análisis técnico, al remarcar que se valorizó la infraestructura estratégica, las plantas de tratamiento y una masa de cuatro millones de usuarios a un precio de 340,2 millones de dólares, lo que representa una fracción mínima de los ingresos operativos habituales de la empresa.
El desglose técnico que desnuda la subvaluación
El argumento central de la denuncia parlamentaria radica en la enorme inconsistencia entre el patrimonio real de la compañía y el valor fijado para el traspaso de sus acciones. Según explicó el legislador en las declaraciones televisivas emitidas por C5N, al dividir el dinero abonado entre el universo de cuatro millones de clientes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el comprador termina pagando alrededor de 100 dólares por usuario. Con una tarifa promedio estimada en 35 dólares, la facturación de solo un trimestre alcanza para cubrir la totalidad del desembolso de la compra.
En ese sentido, desde el espacio opositor subrayaron la gravedad de haber transferido no solo la concesión del servicio sino los activos y las acciones de la sociedad. A modo de ejemplo, se remarcó que infraestructuras individuales como la planta Dike Luján están valuadas en unos 1.800 millones de dólares, un monto sustancialmente superior al precio total establecido para la privatización.
Pedido a la AGN y plazos de fiscalización
Frente a este escenario, la presentación elevada a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas solicita que la AGN incorpore de urgencia el examen de esta operatoria dentro de su plan de acción. La meta de la iniciativa es revisar los pliegos, las valuaciones de mercado utilizadas por el Ejecutivo y la legalidad de los decretos aplicados en el marco de la Ley de Bases antes del traspaso definitivo de los títulos.
El pedido formal fijó como fecha límite el 1° de marzo de 2027 para la remisión del informe final al Congreso. Los legisladores advirtieron que mantendrán la presión institucional para esclarecer las responsabilidades administrativas del caso y evaluar si la operación constituyó un perjuicio directo contra el patrimonio público y los usuarios del servicio esencial de agua potable.
Temas
Las Más Leídas
Dejá tu comentario